La decisión del gobierno uruguayo de avanzar en la reglamentación del Convenio 153 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que regula la jornada laboral y los períodos de descanso en el transporte por carretera, volvió a abrir un debate histórico en el sector del transporte de carga.
Mientras el sindicato respalda la iniciativa al considerar que contribuirá a mejorar la salud de los trabajadores, fortalecer el control horario y garantizar una competencia más equitativa, las gremiales empresariales advierten que el decreto, tal como está planteado, no se ajusta a la realidad operativa del sector y podría generar impactos negativos en los costos, la productividad y la logística.
El presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC), Ignacio Asumendi, recordó que el Convenio 153 fue aprobado en 1979 y ratificado por Uruguay en 1989, pero nunca reglamentado. Según indicó, se trata de una norma con escasa aplicación a nivel global. “A nivel mundial solo nueve países lo han ratificado y aun así habría que analizar si se cumple efectivamente”, señaló en declaraciones al programa Informativo Carve de Cierre.
Asumendi aclaró que el sector empresarial no se opone a discutir mejoras en las condiciones laborales ni los descansos de los trabajadores, pero remarcó que cualquier reglamentación debe contemplar las particularidades del transporte de carga. “El propio convenio establece que cada país debe adecuarlo a su realidad, y eso es lo que estamos reclamando”, afirmó.
Uno de los principales puntos de conflicto es la duración total de la jornada laboral y la forma en que se computan los tiempos de espera. Desde las gremiales sostienen que una parte significativa de las extensiones horarias no responde a la conducción efectiva, sino a demoras en puertos, plantas industriales o congestionamientos de tránsito, factores ajenos al control del transportista. “Son horas de simple presencia, no de conducción”, subrayó el dirigente.
A estas dificultades se suma, según el sector empresarial, la falta de infraestructura adecuada para garantizar los descansos, como estacionamientos seguros, así como la escasez de choferes, un problema que atribuyen tanto a cambios demográficos como al desgaste propio de una actividad con horarios imprevisibles. “Hoy mucha gente no ve el transporte como una opción laboral atractiva”, advirtió.
Asumendi destacó además que el transporte de carga no es un sector homogéneo y que existen diferencias sustanciales entre subsectores. Mientras algunos operan con recorridos y horarios previsibles, otros dependen de itinerarios variables en función de la demanda. “Aplicar una norma general sin atender esas diferencias puede resultar muy perjudicial para determinadas actividades”, sostuvo.
En ese contexto, las gremiales empresariales plantean que la discusión se traslade a los Consejos de Salarios por subgrupo, donde consideran que es posible contemplar las especificidades de cada rama. “El decreto, tal como está, debería detenerse. Reconoce excepciones, pero no establece mecanismos claros para regularlas”, afirmó.
Tras varias instancias de negociación tripartita, el sector empresarial aguarda ahora una definición de las autoridades sobre los próximos pasos en la reglamentación del convenio.
Fuente: Informativo Carve
