El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) celebrará audiencias públicas el 10 y 11 de noviembre para analizar el pedido de Argentina de suspender las actividades vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en el Atlántico Sur, al norte de las Islas Malvinas. La instancia se desarrolla en el marco de la disputa con el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en una zona cuya soberanía está en conflicto.
La presentación argentina, realizada el 13 de octubre, solicita medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá examinar el fondo de la controversia. El planteo se sustenta en el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y busca impedir que las operaciones avancen antes de que se resuelva el diferendo jurídico.
Buenos Aires cuestiona las licencias otorgadas unilateralmente para desarrollar recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental en disputa y advierte sobre los posibles impactos ambientales de la actividad. La convocatoria a audiencias no implica una suspensión automática del proyecto: el tribunal deberá evaluar los argumentos de ambas partes antes de resolver sobre las medidas solicitadas.
Inversión y cronograma de desarrollo
Sea Lion se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas, y cuenta con un potencial estimado de 1.700 millones de barriles de petróleo. El proyecto está controlado por la israelí Navitas Petroleum, con una participación del 65% y el rol de operadora, y la británica Rockhopper Exploration, que posee el 35%.
La inversión prevista ronda los US$ 2.200 millones. El cronograma contempla perforaciones durante 2027 y el inicio de la producción en 2028, por lo que el avance del litigio internacional podría incidir en el desarrollo de uno de los proyectos hidrocarburíferos más relevantes de la zona.
Reino Unido mantiene su posición
Londres rechazó los argumentos argentinos y ratificó la vigencia de las licencias concedidas para Sea Lion. No obstante, confirmó su participación en el procedimiento ante el TIDM para defender su posición.
En paralelo, Argentina inició un arbitraje internacional bajo el Anexo VII de la Convención del Mar y adoptó medidas legales contra empresas y directivos vinculados con las actividades de exploración y explotación sin autorización argentina, en aplicación de la Ley 26.659.
El procedimiento ante el Tribunal del Mar no busca resolver la soberanía sobre las Islas Malvinas, sino determinar si corresponde adoptar medidas provisionales sobre las operaciones petroleras mientras avanza el arbitraje. Las audiencias de noviembre serán una instancia clave para establecer si el desarrollo de Sea Lion puede continuar sin restricciones durante la tramitación del caso.
