El Gobierno panameño profundizó su enfrentamiento con el grupo hongkonés CK Hutchison al presentar ante la Fiscalía una denuncia por posibles delitos vinculados con la administración de las terminales de Balboa y Cristóbal. La medida se suma a los reclamos millonarios que ambas partes mantienen en instancias internacionales y abre una nueva etapa en el conflicto por el control de los puertos estratégicos del Canal de Panamá.
La presentación judicial fue impulsada por la Contraloría General de Panamá, que remitió a la Fiscalía los resultados de una auditoría realizada a Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison encargada de explotar las dos terminales. La investigación comprende tanto a la compañía como a antiguos integrantes de su directorio y responsables de la Autoridad Marítima de Panamá que ejercieron funciones entre 2014 y 2023.
El examen abarcó los estados financieros de PPC y la verificación de sus compromisos contractuales durante el período comprendido entre 2014 y 2024. Por el momento, las autoridades no precisaron qué figuras penales podrían estar involucradas. La Fiscalía deberá analizar los antecedentes y establecer si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación por hechos delictivos.
La denuncia se produce en medio de una disputa que ya modificó el esquema de administración de dos de las principales instalaciones portuarias del país. En enero, la Corte Suprema panameña declaró inconstitucionales las concesiones otorgadas a Panama Ports Company. Un mes después, el Estado tomó el control de las terminales de Balboa y Cristóbal, desplazando a la operadora vinculada al conglomerado asiático.
Desde entonces, la gestión quedó en manos de otras compañías internacionales. APM Terminals, perteneciente al grupo danés Maersk, asumió de manera transitoria las operaciones de Balboa, mientras que Terminal Investment Limited (TiL), vinculada a Mediterranean Shipping Company (MSC), quedó al frente de Cristóbal.
Reclamos millonarios y una operación internacional en riesgo
El conflicto también se trasladó al terreno del arbitraje internacional, donde las partes buscan compensaciones económicas por las consecuencias de la ruptura contractual. Panama Ports Company reclama más de US$ 2.000 millones, mientras que CK Hutchison inició un procedimiento independiente por una suma superior a US$ 1.500 millones.
La controversia tiene repercusiones que exceden el ámbito panameño. La situación judicial y administrativa de las terminales introduce incertidumbre en la operación que CK Hutchison negocia para desprenderse de sus participaciones portuarias en distintos países.
La transacción propuesta contempla la venta de esos activos a un consorcio integrado por BlackRock y MSC, en una operación valuada en aproximadamente US$ 22.800 millones. La disputa por las concesiones panameñas agrega complejidad a una negociación de alcance global, mientras el grupo enfrenta simultáneamente reclamos económicos y cuestionamientos sobre su anterior gestión en el Canal de Panamá.
Con la nueva denuncia, el caso suma una dimensión penal a los litigios comerciales y constitucionales que ya enfrenta. La eventual determinación de responsabilidades dependerá ahora de las actuaciones de la Fiscalía, en un escenario que mantiene bajo tensión la relación entre el Estado panameño y uno de los principales operadores portuarios del mundo.
Fuente: Splash247