El Gobierno argentino avanza en un proyecto de decreto que propone una profunda reforma del régimen de practicaje y pilotaje en los puertos y vías navegables del país, con el objetivo de modernizar la normativa vigente, reducir costos logísticos y promover una mayor competencia en la prestación de estos servicios estratégicos para el comercio exterior.
La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, busca simplificar procedimientos, eliminar restricciones consideradas innecesarias y alinear el sistema argentino con estándares internacionales. En el centro del debate se encuentra el equilibrio entre eficiencia operativa y seguridad en la navegación, un aspecto clave en un país cuya logística depende en gran medida del transporte fluvial y marítimo.
Entre los cambios más relevantes, el proyecto establece la eliminación de límites en la cantidad de prácticos habilitados, permitiendo que cualquier profesional que cumpla con los requisitos establecidos pueda inscribirse en el registro correspondiente (artículo 2). Esta medida apunta a fomentar la competencia y ampliar la oferta de servicios, lo que, según el Gobierno, podría traducirse en menores costos para los usuarios del sistema portuario.
Asimismo, el decreto introduce, en su artículo 3, un esquema de mayor libertad de contratación, habilitando a armadores y operadores a elegir directamente a los prestadores de servicios y los medios de transporte para el embarque y desembarque de los prácticos. En este caso, el reglamento deja claro que el práctico no podrá negarse a usar los medios de transporte habilitados ni podrá condicionar la prestación del servicio a la contratación de otros servicios ajenos al practicaje.
También se prevé que, en ausencia de oferta privada, el Estado pueda garantizar la prestación del servicio para asegurar la continuidad operativa del sistema.
Otro eje de la reforma es la transparencia tarifaria. Las empresas que brinden servicios de practicaje, pilotaje, baquía o transporte deberán publicar sus precios y reportar periódicamente información sobre los servicios prestados y las condiciones de contratación a las autoridades competentes, con el fin de fortalecer los mecanismos de control y competencia. También establece que el Ministerio de Economía podrá fijar las tarifas máximas para cada tipo de servicio, abarcando todas las acciones propias del practicaje y pilotaje, mientras que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación deberá establecer las regulaciones asegurando servicios transparentes y no monopólicos.
El proyecto, además, contempla la posibilidad de utilizar embarcaciones comerciales para el traslado de prácticos en situaciones excepcionales, cuando no existan unidades específicamente destinadas a esa función, siempre bajo condiciones mínimas de seguridad. Esta flexibilización busca evitar interrupciones en la operatoria portuaria, especialmente en zonas donde la disponibilidad de medios es limitada.
Desde el punto de vista institucional, la normativa refuerza el rol de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación como autoridad de aplicación del sistema, consolidando su responsabilidad en la regulación, supervisión y formación del personal marítimo.
La Prefectura Naval Argentina cumplirá el rol de policía de seguridad de la navegación, para garantizar la prestación de los servicios de practicaje y pilotaje en todo momento.
En cuanto al régimen de baquía, el Reglamento de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE) también se aplicará a buques de bandera extranjera.
Los buques de bandera extranjera podrán exceptuarse de utilizar baqueano cuando cuenten con comando con Certificado de Conocimiento de Zona o con comando titulado en Argentina. La ANPYN deberá determinar el detalle y formato de la información requerida.
El debate se produce en un contexto en el que el Gobierno busca reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior argentino, en línea con su agenda de desregulación económica. La evolución del proyecto y su eventual implementación serán observadas de cerca por operadores portuarios, armadores, sindicatos y autoridades marítimas, dado el impacto directo que podría tener sobre la eficiencia, los costos y la seguridad del sistema de navegación.
