Brasil puso en marcha un amplio paquete de medidas económicas orientado a mitigar el impacto del aumento internacional de los combustibles, en un contexto de creciente volatilidad derivada de las tensiones en Medio Oriente.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó una Medida Provisoria, un proyecto de ley y una serie de decretos que buscan amortiguar los efectos de la suba de los precios energéticos sobre la economía, con foco en proteger tanto a los consumidores como a los sectores productivos más expuestos.
El eje central del plan es el mercado de diésel, fundamental para el transporte de cargas. El Gobierno estableció un subsidio adicional de 1,20 reales por litro para la importación del combustible, financiado en partes iguales entre la administración federal y los estados. De ese total, el Ejecutivo nacional cubrirá 0,60 reales por litro.
Este incentivo se suma a una ayuda previa aprobada en marzo, con el objetivo de garantizar el abastecimiento y evitar aumentos bruscos en los precios finales. La medida tendrá una vigencia inicial de dos meses y un costo estimado de 4.000 millones de reales.
En paralelo, se dispuso una subvención de 0,80 reales por litro para el diésel producido en el país, financiada exclusivamente con recursos federales. Este esquema tendrá un costo mensual cercano a los 3.000 millones de reales y también regirá por un período inicial de dos meses, con posibilidad de extensión.
Como contrapartida, tanto importadores como productores deberán incrementar la oferta en el mercado interno y asegurar que las ayudas se reflejen en los precios al consumidor.
El paquete incluye además medidas vinculadas a combustibles renovables. En ese marco, se resolvió exonerar de los impuestos federales PIS y Cofins al biodiésel, lo que permitirá una leve reducción en su precio. Este combustible representa aproximadamente el 15% de la mezcla del diésel comercializado en Brasil.
En cuanto al gas licuado de petróleo (GLP), de amplio uso doméstico, el Gobierno decidió subsidiar totalmente su importación durante los próximos meses. La medida, con un costo estimado de 330 millones de reales, apunta a equiparar el precio del producto importado con el de origen local y reducir el impacto del encarecimiento internacional sobre los hogares, especialmente los de menores ingresos.
El sector aéreo también será alcanzado por el plan. Frente al aumento del queroseno de aviación, se habilitarán líneas de crédito por hasta 9.000 millones de reales para sostener la actividad y evitar una mayor presión sobre las tarifas.
Más allá de las acciones inmediatas, el paquete incorpora herramientas de carácter estructural destinadas a suavizar la volatilidad de los precios energéticos. Entre ellas, se establece la obligación de que los agentes beneficiarios de subsidios adopten mecanismos de estabilización a lo largo del tiempo.
En paralelo, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley con trámite de urgencia que tipifica como delito el aumento abusivo de precios en contextos de crisis, con penas de entre dos y cinco años de prisión.
Con estas medidas, Brasil busca contener las presiones inflacionarias, asegurar el abastecimiento de energía y resguardar la competitividad de su economía en un escenario internacional incierto.
Fuente: Xinhua Español
