La presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, alertó sobre el desvío hacia otros mercados de buques cargados con combustible que tenían como destino Brasil, en un contexto internacional marcado por tensiones en el suministro energético.
Según explicó la ejecutiva, varios navíos que se encontraban próximos a arribar al país fueron redirigidos por importadores privados hacia destinos alternativos con mejores condiciones comerciales. Esta decisión responde a la búsqueda de mayores márgenes de rentabilidad en un escenario de abastecimiento complejo, agravado por los conflictos en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más relevantes para el comercio mundial de hidrocarburos.
Chambriard aseguró que la compañía estatal se encuentra monitoreando la situación de cerca y advirtió que esta dinámica sostenida podría comprometer el abastecimiento de combustibles en el mercado brasileño, especialmente de gasoil, producto del cual el país mantiene una fuerte dependencia de las importaciones. En este sentido, señaló que Petrobras trabaja para incrementar la oferta interna y superar las metas de producción previstas en sus refinerías.
En paralelo, frente a la volatilidad del mercado internacional de energía, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó su intención de invalidar licitaciones que presenten recargos considerados desmedidos en los hidrocarburos destinados al consumo doméstico. La medida apunta a proteger tanto a los usuarios como al sector productivo de los impactos financieros derivados de la crisis energética global y de las actuales maniobras comerciales en el mercado.
El mandatario también cuestionó las primas de riesgo incluidas en contratos vinculados al suministro de gas licuado de petróleo gestionados por Petrobras, al considerar que dichos incrementos no deberían trasladarse a los consumidores brasileños. Según sostuvo, permitir aumentos en los precios de los combustibles en medio de la actual crisis energética internacional —vinculada a la guerra en Oriente Medio— contradiría las directivas oficiales orientadas a preservar la estabilidad económica y el poder adquisitivo de la población.