La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), organismo binacional dependiente de las cancillerías de Argentina y Uruguay y responsable de la administración del Río Uruguay, atraviesa uno de los momentos institucionales más delicados de los últimos años. Documentación interna, notas administrativas y movimientos financieros identificables configuran un cuadro de presuntas irregularidades que comprometen la transparencia en el manejo de fondos públicos compartidos y el respeto del marco normativo que rige al organismo. La información fue publicada este miércoles por el portal argentino Análisis Digital, en una investigación que detalla gastos, contrataciones y decisiones administrativas bajo cuestionamiento.
El escenario actual no surge de manera aislada. Días atrás, el diario uruguayo El Telégrafo informó que la delegación argentina propuso que la CARU financie la repavimentación de la Ruta Nacional 136, que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos, utilizando recursos propios del organismo. La iniciativa, estimada en unos 15 millones de dólares, fue rechazada por la delegación uruguaya por entender que se trata de una obra de jurisdicción nacional argentina y que su financiamiento excede las competencias del ente binacional. El episodio dejó expuesta una fuerte tensión interna y reabrió el debate sobre los límites de actuación de la CARU y el destino de los fondos que administra.
Ese antecedente funciona hoy como marco para una serie de cuestionamientos más profundos. Según la publicación de Análisis Digital, el punto más sensible surge de una paradoja difícil de justificar: una delegación argentina designada formalmente “ad honorem” que, pese a esa condición, habría estructurado un mecanismo para disponer de alrededor de 50.000 dólares mensuales en concepto de gastos de representación. La operatoria, impulsada desde la Presidencia de la CARU, no solo expone un uso presuntamente irregular de recursos binacionales, sino también una práctica administrativa que elude controles básicos y desnaturaliza el sentido del gasto público.
El actual presidente de la CARU, Raúl Luis Montero, fue designado por el Decreto N° 394/2025, publicado el 17 de junio de 2025. Abogado de profesión, exfuncionario del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y asesor general durante la gestión del entonces gobernador Daniel Scioli, asumió el cargo con un discurso orientado a la austeridad y la eliminación de privilegios. Sin embargo, siempre de acuerdo con la investigación de Análisis Digital, los hechos documentados parecen contradecir ese encuadre.
La delegación argentina está integrada por cuatro miembros —cuando el Estatuto prevé cinco—: el propio Montero, Francisco Mansanta, Agustina Piñeiro y María Laura Ojeda. Todos fueron designados ad honorem y continúan percibiendo sus salarios en los organismos de origen, lo que excluye, por definición, la percepción de gastos de representación financiados por la CARU. Pese a ello, mediante la Nota DACARU N° 52/2025, Montero elevó un proyecto de resolución para que los gastos correspondientes a “cinco” delegados fueran depositados en una cuenta del Banco Nación, sucursal Montevideo, bajo el argumento formal de financiar el “mantenimiento” de la delegación. El desvío estimado ronda los 50.000 dólares mensuales.
El mecanismo presenta inconsistencias de fondo: se asignan fondos bajo un concepto incompatible con la condición ad honorem; se centralizan recursos en una cuenta en Uruguay sin asignación individualizada; y no existe un sistema claro de rendición que permita verificar el destino efectivo del dinero. En los hechos, se diluye la trazabilidad del gasto y se vacía de contenido la noción de representación institucional, advierte Análisis Digital.
A ese flujo mensual se suman beneficios adicionales solventados íntegramente por la CARU. Entre ellos figuran oficinas compartidas con la Cancillería, vehículos de alta gama, algunos con chofer, cobertura total de combustibles, peajes, viáticos y alimentación, además de alojamiento durante estadías en dependencias del organismo. Los recursos provienen principalmente del cobro de peajes.
En este contexto, fuentes del organismo citadas por Análisis Digital indicaron que Pablo Enrique Bertone, chofer y actualmente asesor, realizaría traslados periódicos a Montevideo en vehículos oficiales para retirar los fondos depositados. La operatoria implicaría el transporte de efectivo por montos que excederían los límites permitidos por la normativa aduanera, con viáticos diarios superiores a los 150 dólares.
Otra señal de alerta se encendió con la Nota Externa DACARU N° 50/2025, firmada por Montero y acompañada por un “caso de negocio” elaborado por Cerneaux, mediante la cual se propuso un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad para repavimentar rutas provinciales argentinas, especialmente la Ruta 136. El financiamiento previsto incluía fondos de reserva de la CARU, recursos de contingencia de los puentes, partidas destinadas al dragado del río Uruguay e incluso la evaluación de un aumento de peajes. La delegación uruguaya rechazó la iniciativa por considerarla ajena a las competencias del organismo.
El cuadro se completa con una compulsa de precios para la impresión de 6.000 libros institucionales por un monto cercano a los 50.000 dólares, impulsada por un asesor externo vinculado al presidente. La recomendación habría recaído sobre una empresa cuyo objeto social no se corresponde con servicios editoriales y con domicilio en la ciudad de origen del entorno presidencial, un dato que, según Análisis Digital, refuerza las sospechas de direccionamiento.
