Hace una semana, el Gobierno uruguayo presentó una agenda de reformas microeconómicas orientadas a mejorar la competitividad, reducir costos y modernizar el clima de negocios. En este contexto, el pasado martes 24 de marzo la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) mantuvo un encuentro con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, en una instancia de intercambio centrada en la situación económica del país y los desafíos de competitividad que enfrentan los distintos sectores productivos.
La reunión se desarrolló a partir de una agenda previamente definida por la CCE, que incluyó temas vinculados a la competitividad, el escenario macroeconómico y las principales preocupaciones del sector empresarial en un contexto internacional cada vez más exigente. Durante el encuentro, las autoridades del equipo económico expusieron sobre diversas líneas de trabajo y medidas en curso, con foco en herramientas orientadas a mejorar la competitividad, especialmente en aquellas áreas donde el Ministerio de Economía tiene capacidad de acción directa.
Tras la presentación inicial, se generó un espacio de intercambio en el que representantes de las cámaras empresariales realizaron consultas y plantearon inquietudes vinculadas a la realidad de sus sectores. Desde la Confederación se valoró la instancia de diálogo, destacando la importancia de estos espacios para avanzar en una agenda que contribuya a promover la inversión y fortalecer el desarrollo productivo del país.
Al finalizar el encuentro, el presidente de la CCE, Leonardo Loureiro, consideró que las medidas orientadas a la competitividad representan “una señal positiva en el sentido de comenzar a avanzar en un conjunto de acciones”, aunque subrayó la necesidad de continuar trabajando en aspectos estructurales que inciden en la competitividad nacional. En ese sentido, destacó que Uruguay mantiene un escenario de estabilidad macroeconómica, con inflación controlada en los últimos años, lo que constituye una base relevante para el desarrollo de la actividad económica.
No obstante, Loureiro señaló que los principales desafíos actuales se vinculan con factores de carácter microeconómico y con el costo del Estado, aspectos que continúan siendo foco de preocupación para el sector empresarial. “Si nos gusta o no cuál es el porcentaje del gasto del Estado, tendríamos que decir que no”, afirmó tras la reunión.
Crecimiento moderado y revisión del gasto público
Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, el ministro Oddone advirtió sobre el bajo dinamismo de la economía uruguaya, luego de confirmarse que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 1,8% en 2025, según datos del Banco Central del Uruguay (BCU). En ese contexto, señaló que existe una probabilidad “bastante elevada” de revisar a la baja la proyección de crecimiento para 2026, estimada actualmente en 2,2% en la ley de Presupuesto.
El jerarca sostuvo que el gobierno mantiene una vigilancia permanente sobre la evolución de la economía y el escenario fiscal, y no descartó la posibilidad de revisar el gasto público si fuera necesario, aunque aclaró que ello no implica necesariamente un recorte generalizado. “Hay que tener una mirada cuidadosa, pero podría ser necesario”, indicó, asegurando que las políticas sociales serán protegidas.
Esta posibilidad ya había sido advertida por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que recomendó evaluar la reducción de gastos discrecionales ante el menor crecimiento económico, ya que ello podría comprometer el cumplimiento de las metas fiscales.
Proyecto de ley de competitividad y reformas microeconómicas
Otro de los temas abordados fue el proyecto de ley para la mejora de la competitividad y la innovación presentado recientemente por el gobierno. La iniciativa prevé medidas orientadas a reducir la burocracia, mejorar la regulación de los mercados y fortalecer la competencia, en línea con la estrategia del Poder Ejecutivo de concentrarse en reformas microeconómicas tras haber consolidado los principales equilibrios macroeconómicos.
Loureiro calificó el proyecto como una señal positiva y destacó que apunta a intervenir en organismos que dependen directamente del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que facilita su implementación. Sin embargo, insistió en que la agenda de competitividad requiere una mirada integral que incluya la eficiencia del Estado y la reducción de costos estructurales.
Inversión, empresas públicas y mercado de capitales
En materia de financiamiento e inversión, Oddone se refirió a la posibilidad de que las empresas públicas participen en el mercado de valores, permitiendo incluso la participación de pequeños ahorristas. Como ejemplo, mencionó la convocatoria anunciada por UTE para financiar una planta solar en Baygorria, en el departamento de Durazno, mediante la emisión de obligaciones negociables por un monto total de US$ 30 millones, con una inversión mínima de US$ 200.
El ministro señaló que avanzar en este tipo de mecanismos requerirá una discusión política y eventuales cambios legislativos, mientras que desde el sector empresarial se destacó la importancia de fortalecer previamente la gobernanza de las empresas públicas antes de profundizar su apertura al mercado bursátil.
Transporte, frontera y acuerdos internacionales
Durante el encuentro también se abordaron proyectos de infraestructura y medidas vinculadas a la competitividad territorial. Oddone se refirió al proyecto de transformación del transporte público en Montevideo, que incluye la construcción de un túnel en la avenida 18 de Julio, una iniciativa que calificó como una inversión relevante con potencial impacto positivo en la capital.
En paralelo, el gobierno prevé extender a partir del 1° de mayo la rebaja del Impuesto Específico Interno (Imesi) en estaciones de servicio ubicadas hasta 60 kilómetros de las fronteras del país, una medida que busca mitigar los efectos de la diferencia cambiaria con Brasil y mejorar la competitividad en esas zonas.
Respecto al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el ministro señaló que no se esperan efectos inmediatos en la economía uruguaya durante 2026, aunque anticipó que las oportunidades de inversión podrían comenzar a materializarse a partir de 2027. Desde el sector empresarial, el acuerdo fue considerado positivo, aunque también desafiante, ya que exigirá a las empresas avanzar en procesos de innovación y adaptación para competir en mercados más abiertos.
