El gas natural más barato, primer eslabón en la producción de fertilizantes nitrogenados, se concentra en la región del Golfo Pérsico —principalmente en Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán—, una zona hoy atravesada por tensiones geopolíticas. Desde allí se origina cerca del 43% de las exportaciones mundiales de urea, que transitan por el estratégico Estrecho de Ormuz, un corredor logístico clave para el abastecimiento agrícola global.
Frente al agravamiento del conflicto y, en particular, ante el cierre de ese paso marítimo, la reacción inicial fue restringir las exportaciones de gas natural licuado (GNL), materia prima esencial para la fabricación de urea. A diferencia del impacto inmediato que suele tener una interrupción en las exportaciones de petróleo, el efecto sobre los fertilizantes es más lento y diferido: los problemas se generan en la etapa de siembra, pero las consecuencias se manifiestan meses después, cuando la producción agrícola puede caer de forma significativa.
La preocupación se vuelve especialmente relevante en América del Sur, una región que produce una proporción sustancial de los alimentos del mundo. Como señal de alerta, el Ministerio de Agricultura de Brasil advirtió sobre un “elevadísimo riesgo” de desabastecimiento y aumento de precios de fertilizantes para la zafra 2026/2027, impulsado tanto por el conflicto en Medio Oriente como por restricciones a las exportaciones en China. El país importa cerca del 80% de los fertilizantes que consume, lo que lo expone a una alta vulnerabilidad frente a disrupciones logísticas y volatilidad de precios.
El contexto se torna aún más crítico si el Estrecho de Ormuz permanece cerrado más allá de mediados de abril, ya que la zafra del norte brasileño podría verse comprometida. En ese escenario, la reacción de las economías del Cono Sur será determinante: la capacidad de producir fertilizantes localmente y las decisiones de política agrícola y comercial marcarán si el conflicto en Medio Oriente se internaliza como un problema global que trasciende el mercado energético.
Brasil ya enfrenta señales concretas de presión. En lo que va de 2026, el precio de la urea aumentó más de 55%, generando un potencial shock en su sistema agroexportador. El país, líder mundial en commodities agrícolas y segundo mayor exportador de maíz, depende fuertemente de fertilizantes nitrogenados importados. Más del 40% de la urea que consume proviene del Golfo Pérsico, lo que lo expone directamente a interrupciones en la logística internacional y a cambios abruptos en los costos CIF.
Según estimaciones de analistas internacionales, existe una ventana aproximada de seis meses antes de que las tensiones en el mercado de fertilizantes impacten plenamente en la producción agrícola, especialmente en el maíz. Ese plazo coincide con el calendario agrícola brasileño, cuya campaña comienza en octubre y se extiende con la safrinha desde enero, un ciclo clave para las exportaciones agroalimentarias del país.
En el corto plazo, el impacto se mantiene contenido debido a que Brasil se encuentra en etapa de cosecha, lo que reduce la presión inmediata sobre la demanda de insumos. Sin embargo, el mercado ya refleja incertidumbre: algunas empresas proveedoras han retirado referencias de precios, evidenciando dificultades para definir valores y proyectar costos dentro de la cadena agroalimentaria.
El punto crítico se proyecta hacia agosto, cuando los productores comiencen a planificar la próxima campaña. Si el conflicto persiste, Brasil deberá competir por fertilizantes con grandes compradores como Estados Unidos, India y Europa, en un escenario de oferta restringida, mayores costos logísticos y crecientes barreras comerciales vinculadas a la disponibilidad física del insumo.
Los cultivos más expuestos son la soja y el maíz, donde los fertilizantes representan cerca del 40% del costo total de producción. Esta presión podría derivar en decisiones estratégicas como reducción de superficie sembrada, menor aplicación de insumos o cambios en el nivel de tecnificación, afectando los rendimientos y, en consecuencia, la oferta exportable.
A este escenario se suma la decisión de China —uno de los principales proveedores de fertilizantes fosfatados— de restringir sus exportaciones para priorizar su mercado interno. Esta medida limita la diversificación de proveedores y aumenta la competencia global por insumos agrícolas.
Desde la perspectiva logística, redirigir importaciones hacia otros orígenes es técnicamente posible, pero implica mayores tiempos de tránsito, costos FOB más elevados y riesgos en la sincronización con la ventana de siembra. En sistemas agrícolas altamente intensivos, los tiempos son determinantes: una demora en la llegada de fertilizantes puede comprometer toda la campaña.
En términos sistémicos, el impacto sobre los alimentos no sería inmediato, pero sí progresivo. Una menor producción de granos podría trasladarse a los precios de la cadena de proteína animal, elevando costos en carnes, huevos y lácteos, con implicancias directas en la seguridad alimentaria regional y global.
Este episodio vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de América Latina frente a shocks externos en insumos estratégicos. También refuerza la necesidad de fortalecer la resiliencia del comercio agrícola, impulsar la producción local de fertilizantes, avanzar en innovación tecnológica y consolidar estrategias de integración regional que reduzcan la dependencia de mercados concentrados.
