La ley impositiva impulsada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y aprobada con algunos cambios por la legislatura bonaerense, reabrió una vieja polémica y agitó los fantasmas del retorno de las políticas kirchneristas.
El nudo político de la ley estuvo centrado en el artículo 100, que tiene que ver con la tributación en la explotación de los puertos de la provincia y que generó el rechazo de los sectores productivos y portuarios, por entender que se está perjudicando a la actividad.
El proyecto de ley en su texto original se refiere a un incremento del impuesto sobre los Ingresos Brutos (II.BB.) de las operaciones en los puertos bonaerenses y estipula un tributo de 93 pesos argentinos por cada tonelada embarcada; 278 por cada tonelada descargada y 46 por cada tonelada removida, exceptuándose las mercaderías en tránsito, arena, piedra y pesca artesanal.
La iniciativa pasó con éxito por Diputados, pero en el Senado tuvo una oposición fuerte de parte de Cambiemos, que logró reducir los montos a la mitad. Tras ese cambio, la iniciativa fue aprobada por ambas cámaras.
Según recogieron los medios argentinos, las actividades afectadas por el impuesto van desde los contenedores y las cargas proyecto de los puertos de Dock Sud y La Plata, hasta los vehículos movilizados en Zárate, pasando por la pesca de exportación en Mar del Plata, los granos, molinos eólicos y químicos que operan en Quequén y Bahía Blanca, los fertilizantes de Campana y los productos siderúrgicos de San Nicolás.
Los presidentes de Puerto La Plata y de Bahía Blanca, José María Dodds y Miguel Donadio respectivamente, manifestaron su descontento y su preocupación.
Según recoge el diario argentino Ámbito, Doods aseguró que “la asimetría va a ser tan grande con respecto al puerto de Buenos Aires que la carga no va a llegar al puerto, afectando (así) el desarrollo regional y las fuentes de trabajo de Berisso, Ensenada y La Plata”.
Por su parte, Donadio expresó que esta situación “afectará la competitividad y provocará una baja en la actividad”.
Al malestar de estos sectores se suma la idea de que podrían generarse algunas movilizaciones, pues existe un antecedente de 2009 que también ha llamado la atención.
En aquel entonces lo que provocó el malestar fue la ley de presupuesto 2010, sancionada luego de ser remitida por el gobernador Daniel Scioli.
Pero lo curioso es que el artículo 26 de esa ley es igual al artículo 100 de la ley de Kicillof, en el que solo difieren los montos.
Sin embargo, en aquel entonces, la presión de los actores afectados, logró que se suprimiera el artículo 26.
Intereses
En otro sentido, actores privados argentinos consultados por ComexLatam, aseguraron que existe una tendencia marcada de parte del gobierno de Kicillof de ir tras la actividad portuaria.
Al respecto, añadieron que una de las muestras de esto es la caída de la licitación del puerto de Buenos Aires, que el gobierno de Mauricio Macri había impulsado para dejarlo en manos de un solo operador.
Según los empresarios, esto obedece a intereses del gobierno central pues, si bien Kicillof es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se trata de una figura que forma parte del grupo duro del kirchnerismo y del círculo más cercano de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del presidente Alberto Fernández.
