El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, buscó este jueves reducir la tensión con China tras el aumento de inspecciones a buques con bandera panameña en puertos del país asiático, en medio del conflicto por las concesiones portuarias de CK Hutchison.
Durante una visita al puerto de Balboa, en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá, Mulino descartó una escalada diplomática y aseguró que su gobierno apuesta por retomar la normalidad en la relación bilateral.
“No nos interesa tener un problema con China”, afirmó el mandatario. “Espero que esta situación se desescale y que volvamos a la normalidad, tanto en la relación política como en el entendimiento de que este es un problema que se resolverá”.
Mulino sostuvo que este tipo de inspecciones forman parte de prácticas habituales en el comercio marítimo internacional y señaló que otros registros importantes, como Liberia e Islas Marshall, también han enfrentado controles similares.
Aunque rechazó que exista una represalia política, confirmó que Panamá trasladó su preocupación a las autoridades chinas y pidió aclaraciones técnicas sobre los motivos de las retenciones.
Sus declaraciones contrastaron con las del canciller Javier Martínez-Acha, quien el miércoles relacionó el aumento de inspecciones con el reciente fallo de la Corte Suprema de Panamá que anuló la base legal de la concesión otorgada en 1997 a Panama Ports Company, filial de CK Hutchison, para operar las terminales de Balboa y Cristóbal.
La decisión judicial, adoptada a finales de enero, fue cuestionada por Pekín y se produjo en un contexto de presión de Estados Unidos para limitar la presencia china en torno al Canal de Panamá, por donde circula cerca del 5% del comercio marítimo mundial.
El mes pasado, la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos advirtió que sigue de cerca el incremento de detenciones de buques panameños en China, al considerar que están por encima de los niveles históricos.
CK Hutchison, que administró los puertos panameños durante casi 30 años, acusó al Estado panameño de una incautación ilegal de activos e inició un arbitraje internacional en el que reclama más de 2.000 millones de dólares.
Consultado sobre una nueva demanda arbitral de Panama Ports Company contra Maersk, que asumió de forma temporal la operación de las terminales, Mulino evitó pronunciarse al considerar que no corresponde al gobierno intervenir en ese proceso.
Fuente: Marketscreener
