El supuesto cobro indebido por parte del servicio de practicaje en el puerto de Montevideo no solo ha generado polémica en los actores del sector en Uruguay, sino que ha motivado la decisión de las compañías navieras de entablar distintos juicios contra el Estado uruguayo.
Según pudo saber ComexLatam, en los últimos días varias de las empresas representantes de las navieras en Uruguay recibieron instrucciones de sus casas matrices para que avanzaran en la presentación de las demandas.
El argumento es lo que consideran el cobro indebido por el servicio de prácticos que se presta en el puerto de Montevideo.
Este servicio público es desarrollado por privados y está en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional, en sus áreas dependientes como la Prefectura Nacional Naval y la Armada Nacional.
La polémica por la diferencia en el cobro no es de ahora, pero tomó fuerza tras reclamos de varios de los actores del comercio exterior uruguayo, del que se hizo eco la publicación Comercio Exterior & Transporte, que se edita con el diario El Observador. La misma data de noviembre de 2019, donde se detalla la problemática.
“Navieras exigen respuesta por reclamos al practicaje”, se tituló el artículo, que indicó que “las compañías y el Centro de Navegación (uruguayo) aseguran que hace años se está cobrando de más por un cambio en la paramétrica que figura en el Reglamento General de Prácticos y que no es ‘espejo’ de lo que enuncia el Decreto”.
Asimismo, el artículo se refiere a que en ese entonces aún se esperaba por una “corrección” y por “la correcta aplicación tarifaria”, algo que no sucedió.
De acuerdo con lo publicado por Comercio Exterior & Transporte, “el monto del cobro por practicaje surge del cálculo entre las toneladas brutas de un buque (que determina un coeficiente) y la Unidad Monetaria de Practicaje (UMP), que se ajusta en relación a una paramétrica establecida por una comisión tripartita, ratificada por Decreto, pero que no es la misma que figura en el Reglamento General de Prácticos (RGP) y, por ende, la que se utiliza para su base de cálculo”.
La publicación también se refiere a los argumentos de quienes reclaman y asegura que el cobro se debe efectuar por una paramétrica que figura en un decreto del Poder Ejecutivo (320/10), pero que al recogerse en el RGP, la fórmula “se transcribió mal”.
Otro medio escrito de Uruguay, el semanario Búsqueda, también se refirió al asunto y le puso números.
Según este semanario, el cálculo de la UMP por la paramétrica establecida en el decreto, arroja un resultado de US$ 691, mientras que si se aplica la del RGP, asciende a US$ 925.
En su momento la polémica fue de carácter doméstico, pero ahora ha trascendido al ámbito internacional, pues las navieras tomaron cartas en el asunto y preparan una demanda que puede ser millonaria.
