El Gobierno peruano anunció que recurrirá a los mecanismos legales correspondientes para defender sus facultades de supervisión sobre el megapuerto de Chancay, luego de que el Poder Judicial emitiera una sentencia que restringe las competencias del organismo regulador Ositrán en dicho terminal, operado por la empresa china Cosco Shipping Ports.
A través de un comunicado oficial, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló que, si se confirman los alcances de la resolución judicial, el Estado hará uso de los “recursos procesales” previstos en la legislación vigente para salvaguardar sus prerrogativas de control sobre infraestructura portuaria considerada estratégica.
La reacción del Ejecutivo se produce tras un fallo del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, a cargo del magistrado Juan Carlos Nuñez Matos, que declaró fundada una acción de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. La resolución dispone que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) se abstenga de ejercer funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre el terminal.
El juzgado sustentó su decisión en la naturaleza privada del proyecto, señalando que el megapuerto fue financiado íntegramente con capital privado, sin recursos públicos ni contrato de concesión estatal. Según el fallo, el hecho de que la infraestructura sea de uso público no implica que se convierta en bien de dominio público ni que quede automáticamente sometida a un régimen concesional o regulatorio pleno.
En su pronunciamiento, la PCM reafirmó que el Perú promueve la inversión extranjera, pero subrayó que esta debe desarrollarse conforme a la Constitución y al marco normativo nacional. Recordó además que, aunque el terminal sea de propiedad privada, está sujeto a las disposiciones vigentes en materia de seguridad portuaria y a la supervisión de diversas entidades públicas con presencia permanente en el recinto.
Por su parte, Cosco Shipping defendió la legalidad del modelo aplicado en Chancay y sostuvo que no goza de un trato privilegiado. En declaraciones a RPP, el gerente general adjunto de Cosco Shipping Ports Perú, Gonzalo Ríos Polastri, afirmó que organismos como la Autoridad Portuaria Nacional, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, el Ministerio de Transportes, autoridades ambientales y Aduanas ejercen control efectivo sobre las operaciones, el movimiento de carga y los flujos comerciales.
Desde el lado del regulador, la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, advirtió sobre posibles efectos adversos para los usuarios del sistema portuario —entre ellos importadores y agentes de aduana— en caso de mantenerse la exclusión de supervisión. Según explicó, podrían verse comprometidas garantías como la transparencia en la información, la no discriminación comercial y el acceso a mecanismos formales de reclamo ante una autoridad pública.
La controversia ha adquirido también una dimensión internacional. La Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos expresó preocupación por una eventual pérdida de facultades del Estado peruano para supervisar infraestructura crítica en su territorio, aludiendo a posibles implicancias en materia de soberanía. En la misma línea, el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, señaló que ceder soberanía representa un alto costo para cualquier país.
El megapuerto de Chancay, considerado un proyecto clave para la proyección comercial de Perú hacia Asia-Pacífico, se encuentra así en el centro de un debate jurídico, regulatorio y geopolítico que podría redefinir el alcance del control estatal sobre inversiones privadas en infraestructura estratégica.
Fuente: RPP
