Los gremios de camioneros y otros trabajadores del transporte de Paraguay advierten sobre nuevas medidas de fuerza ante la falta de respuestas a su reclamo de una reducción de G. 2.500 por litro de gasoil. El conflicto podría derivar en bloqueos en Asunción y afectar la circulación de mercancías y la actividad logística.
La protesta se intensificó tras el último ajuste de G. 300 por litro aplicado por Petropar, una medida que los transportistas consideran insuficiente frente al incremento acumulado de los combustibles. Los representantes del sector sostienen que los costos operativos continúan comprometiendo la rentabilidad de sus actividades y que parte de los trabajadores presta servicios con pérdidas.
El reclamo también involucra a empresas y establecimientos vinculados con la construcción. Los camioneros buscan que las casas de venta de materiales suspendan temporalmente sus operaciones como parte de una estrategia para extender el impacto de la movilización sobre la cadena de actividades relacionada con el transporte de cargas.
Miguel Sanabria, representante de la Asociación de Volqueteros, señaló que existían conversaciones con el Gobierno para analizar la reducción solicitada, aunque hasta el momento no se había constituido una mesa formal de negociación. Mientras tanto, las medidas de protesta continúan. Otro grupo de transportistas ya inició una movilización por tiempo indefinido en las inmediaciones del ex Aratirí, sobre la ruta PY02.
La convocatoria reúne a distintos segmentos del transporte, entre ellos camioneros, operadores de volquetes, conductores de grúas, transportistas escolares y trabajadores de plataformas de movilidad. La posibilidad de una movilización masiva hacia la capital mantiene en alerta a las autoridades, ante el riesgo de interrupciones en los principales accesos y vías de circulación.
Desde el sector empresarial de combustibles cuestionan, por su parte, la política de reducción de precios de Petropar. Argumentan que el ajuste no responde a una disminución de las cotizaciones internacionales, sino a una modificación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), mecanismo fiscal utilizado por el Ejecutivo para contener los valores en el mercado interno.
El esquema de reducción tributaria permitiría sostener los precios vigentes hasta finales de 2026. La posibilidad de nuevas intervenciones durante 2027 dependerá, entre otros factores, de la evolución de los mercados internacionales y de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.
Fuente: La Política Online