Hoy, viernes 19 de septiembre, varios medios de prensa informaron que la empresa Lobraus —concesionaria de un depósito de puerto libre en Montevideo— evalúa denunciar ante la Justicia al director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, por daños y perjuicios, tras haberla calificado como “deudora contumaz”. Además, la compañía consideraría una denuncia penal por presunto abuso de funciones y uso de información privilegiada.
Consultado por Comexlatam, Gandini relativizó la situación:
“Y bueno, está… El juicio que me podría hacer, según lo que dice, sería por difamación e injuria, supongo, porque le digo contumaz. Y bueno, eso… ¿está bien? Deberá demostrar que mentí y que cumplió. Porque contumaz no es una ofensa, es un calificativo”, señaló.
El director de ANP agregó que la empresa aún está a tiempo de ponerse al día:
“Deberían presentarse haciendo una propuesta, pagando y regularizando su situación”.
Cabe recordar que, durante el gobierno anterior, la administración de ANP había instruido un extenso expediente en el que distintas gerencias concluyeron que era oportuno rescindir el contrato con Lobraus debido a reiterados incumplimientos. Sin embargo, el directorio resolvió dejar la decisión al nuevo equipo.
En mayo, Lobraus solicitó refinanciar una deuda cercana a 450 mil dólares por impago del canon durante 10 u 11 meses, además de multas por irregularidades registradas. La propuesta no incluía condiciones concretas, solo pedía un plan de refinanciación para poder pagar.
Ante esto, Gandini indicó que la ANP ofreció un esquema de seis cuotas iguales, sin intereses, con la obligación de abonar también el canon mensual en curso.
“Cuando asumí en mayo, propuse al Directorio aceptar la refinanciación bajo un convenio habitual: seis cuotas iguales, sin intereses, con la obligación de pagar cada mes el canon generado. El incumplimiento de alguna cuota haría caer el convenio y generaría causal de rescisión”, explicó.
Según el jerarca, Lobraus rechazó la propuesta manifestando que no podía pagar, y planteó una salida conciliatoria que incluía la exoneración total de la deuda, la eliminación de la obligación de construir un edificio previsto en el contrato y un plan de pagos condicionado a sus posibilidades. Esta alternativa fue derivada al Departamento Jurídico de ANP, aunque la que sigue vigente es la propuesta que exige el cumplimiento de los pagos.
De acuerdo con la información confirmada por Gandini, hasta el momento la empresa no ha realizado ningún pago, ni por la refinanciación ni por el canon del mes. Apenas ha efectuado entregas parciales semanales que no alcanzan a cubrir una mensualidad.
Frente a este panorama, Gandini advirtió que la suspensión de operaciones podría ser inevitable:
“En ANP hay un mecanismo por el cual si una empresa, un operador, un permisario, no paga, primero se le hace un preaviso unos días antes, y si no cancela su deuda, no se le permite operar más, sea la empresa que sea”.
Finalmente, subrayó que, además de la deuda económica, persiste un incumplimiento de fondo: la falta de inversión pactada en el contrato.
“En este caso ni siquiera estamos hablando del incumplimiento de fondo; es mucho más sencillo: es por el no pago del canon y de multas por apartamiento de la normativa que rige su actividad”.
Y añadió:
“En la memoria institucional no existe un caso de rescisión de una concesión; sería el primero. Al puerto no le gusta”.
