El comercio exterior uruguayo atraviesa momentos de gran incertidumbre debido al prolongado conflicto gremial que mantiene parcialmente paralizada la operativa de la Terminal Cuenca del Plata (TCP). Diversos actores del sector coinciden en que el país “es rehén” de una situación que no logra encaminarse hacia una solución, mientras el impacto económico se agrava día a día.
La sensación general entre los operadores es de desconcierto. Muchos sostienen que el conflicto trasciende lo estrictamente sindical, y advierten que podría tener motivaciones políticas internas, incluso dentro del propio oficialismo. Esta hipótesis gana fuerza ante la simultaneidad de problemas gremiales en la Administración Nacional de Puertos (ANP), donde el sindicato público SUPRA también ha protagonizado enfrentamientos, entre otras cosas por el dragado a 14 metros del puerto de Montevideo.
Negociaciones estancadas
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) suspendió la reunión prevista con la empresa en la tarde de ayer, al no lograr consenso con el sindicato. Según fuentes vinculadas al diálogo, “no se quiere arreglar”, y en cada instancia “se cambian las condiciones”, lo que dificulta cualquier acercamiento.
El punto central de la semana fue la redacción del acuerdo. Las partes no logran consensuar un texto definitivo y el sindicato introdujo una cláusula de “no innovar”, cuyo alcance no fue debidamente aclarado. En este sentido, las declaraciones del presidente del sindicato de TCP, Álvaro Reinaldo, causaron asombro y malestar en los actores del sector.
Entre las exigencias sindicales figuran la creación de comisiones de trabajo sobre salud ocupacional y productividad con carácter vinculante para la empresa, una propuesta que TCP rechaza de plano. La compañía sostiene que los avances en materia de productividad pueden servir como argumento de negociación en los Consejos de Salarios, pero que “el poder no se delega” y que no corresponde otorgar carácter vinculante a dichas comisiones.
Diferencias económicas
Otro punto de esta semana, es el bono extraordinario ofrecido por la empresa. Inicialmente se propusieron tres pagos de 30.000 pesos (en octubre de 2025, 2026 y 2027), luego ajustados —a sugerencia del MTSS— a dos pagos de 45.000 pesos. Sin embargo, en la última reunión el gremio elevó la exigencia a 60.000 pesos.
De concretarse el pago de 45.000 pesos líquidos por trabajador, TCP estima un costo total cercano a los tres millones de dólares, incluyendo los aportes patronales correspondientes.
Impacto en la cadena exportadora
El conflicto ya genera severas consecuencias en la economía nacional. En la terminal permanecen inmovilizados contenedores de carne enfriada con una vida útil de apenas 90 días. Según datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), se acumulan alrededor de 600 contenedores, de los cuales un 10% corresponde a carne vacuna fresca.
La falta de disponibilidad de contenedores en las plantas frigoríficas ha obligado a recurrir a cámaras de almacenamiento o a alternativas logísticas en Buenos Aires y Río Grande (Brasil), con el consiguiente aumento de costos.
“El daño está siendo enorme para muchísima gente. Este gremio tomó de rehén al comercio exterior uruguayo”, expresó un referente del sector, reflejando el malestar que comparten exportadores y transportistas.
El rol del Gobierno y las posibles salidas
El MTSS mantiene una postura de diálogo, aunque sin resultados concretos. El Gobierno ya evaluó declarar la esencialidad en dos oportunidades —medida que permitió el retorno parcial de los trabajadores— y no descarta extenderla por 30 días más para garantizar la salida de las cargas y el cumplimiento de los contratos internacionales.
La consigna oficial sigue siendo “negociar trabajando”, pero la paciencia del sector productivo se agota. Varias gremiales empresariales analizan solicitar una intervención más firme del Poder Ejecutivo para resolver un conflicto que —además de perjudicar a TCP, donde el Estado posee un 20% de participación— daña la imagen y la confiabilidad del comercio exterior uruguayo.
