El Senado argentino aprobó, con 42 votos a favor y 24 en contra, una reforma del régimen de cabotaje y marina mercante que modifica las condiciones de operación del transporte de cargas entre puertos nacionales. La iniciativa introduce cambios en un sector históricamente regulado y abre nuevas posibilidades de participación para embarcaciones de bandera extranjera.
La modificación legislativa busca ampliar la oferta de transporte fluvial y marítimo, reducir los costos logísticos y mejorar la conexión entre las regiones productivas del país. Uno de sus principales objetivos es facilitar que las provincias del interior, especialmente las ubicadas en el Norte Grande, puedan utilizar los corredores navegables para movilizar sus exportaciones sin depender exclusivamente del transporte terrestre.
El nuevo esquema permitirá que buques argentinos y extranjeros participen en el tráfico de cabotaje, aunque establece excepciones para determinadas actividades consideradas estratégicas, que continuarán reservadas a embarcaciones de bandera nacional. Entre ellas figuran el transporte de combustibles, la pesca, el remolque de buques oceánicos y ciertos servicios vinculados a la actividad hidrocarburífera.
La reforma también contempla modificaciones en las condiciones de contratación de las tripulaciones. Cuando la legislación del país de bandera permita incorporar trabajadores de otras nacionalidades, los armadores deberán priorizar progresivamente a ciudadanos argentinos o residentes permanentes, una vez transcurridos 180 días desde el inicio de las operaciones de cabotaje.
Otro componente de la iniciativa apunta a simplificar los procedimientos aduaneros y flexibilizar el movimiento de cargas internacionales que incluyan escalas en puertos argentinos. De esta manera, los embarques cuyo origen o destino final se encuentre fuera del país conservarán su condición de transporte internacional, incluso cuando realicen trasbordos o escalas dentro del territorio argentino.
Durante el debate parlamentario, los argumentos a favor se concentraron en la necesidad de mejorar la competitividad de las economías regionales y aprovechar la infraestructura de la hidrovía Paraguay-Paraná. Legisladores del Norte Grande señalaron que la limitada disponibilidad de servicios fluviales encarece el traslado de la producción y reduce las posibilidades de utilizar los puertos de sus provincias como puntos de salida comercial.
Desde la oposición, en cambio, surgieron advertencias sobre las consecuencias que una mayor apertura podría tener para el empleo nacional, la industria naval y la capacidad operativa de la marina mercante argentina. También cuestionaron la incorporación de modificaciones al dictamen durante el tratamiento legislativo y reclamaron un análisis más amplio de sus disposiciones.
Con la media sanción del Senado, el proyecto avanza en el proceso legislativo argentino. Su aplicación supondría un cambio significativo en las reglas del transporte por vías navegables, con implicancias para la logística del comercio exterior, la actividad portuaria y la integración productiva de las provincias del interior.