El Centro de Estudios para el Desarrollo (CED Uruguay), en conjunto con la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, presentó un conjunto de propuestas elaboradas a partir del proyecto Uruguay Productivo, realizado con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) – Cono Sur y el Bureau for Employers’ Activities (ACT/EMP).
El estudio analiza los desafíos de las micro, pequeñas y medianas empresas uruguayas (mipymes) en materia de productividad, regulación laboral, costos y barreras normativas que afectan el desarrollo del sector comercio y servicios, clave para la inserción del país en los mercados internacionales. También examina la evolución del mercado laboral, las condiciones de empleo y las oportunidades de mejora vinculadas a la negociación colectiva, incluyendo dimensiones de género, discapacidad y migración.
El documento identifica una serie de rigideces en la regulación laboral que impactan en la capacidad de las empresas de adaptarse a los cambios económicos y tecnológicos. En ese marco, plantea la necesidad de adecuar las normas a las condiciones actuales de producción y competitividad, con el objetivo de fortalecer la base exportadora del país y facilitar la expansión de las mipymes en cadenas de valor regionales e internacionales.
Entre las principales propuestas se destaca la descentralización de la negociación colectiva, permitiendo acuerdos a nivel de empresa que reflejen las diferencias productivas, de tamaño y localización. También se plantea incorporar la productividad como variable de referencia en la determinación de los salarios, buscando una relación más equilibrada entre crecimiento, empleo y sostenibilidad empresarial.
El informe recomienda además simplificar los procedimientos para que las empresas puedan solicitar excepciones a los convenios salariales cuando existan causas económicas fundadas, y revisar el sistema de categorización laboral, sustituyendo el modelo basado en tareas por uno centrado en competencias, con el fin de aumentar la eficiencia y reducir la litigiosidad.
Otro de los ejes señalados es la modernización del régimen de jornada, licencias y descansos, promoviendo una regulación más flexible que acompañe los nuevos modelos de organización del trabajo. También se propone fortalecer las políticas activas de empleo, especialmente para jóvenes y personas con baja calificación, a través de programas que combinen formación y certificación educativa con prácticas laborales.
En el contexto del comercio internacional, el documento advierte que la estructura regulatoria actual puede limitar la competitividad de las empresas uruguayas frente a otros países con marcos más flexibles. Por ello, las medidas apuntan a facilitar la adaptación del sector productivo, reducir costos administrativos y promover un entorno favorable para la inversión y las exportaciones.
El proyecto Uruguay Productivo se desarrolló como una herramienta de diagnóstico y propuesta de políticas, combinando análisis macroeconómico, entrevistas con empresarios y estudios sectoriales. Sus resultados buscan servir de base para el diseño de estrategias que mejoren la productividad, impulsen la formalización del empleo y fortalezcan la competitividad del país en los mercados externos.
