El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, afirmó que la deuda que Venezuela mantiene con productores lecheros uruguayos “está perdida”, al afirmar que es muy difícil recuperarla, y explicó que las ventas se hicieron a un precio que no existía en el mercado internacional y fueron negocios entre privados en los que el Estado solo habilitó el mercado. En declaraciones al Informativo Carve sostuvo que ante incumplimientos de pago las pérdidas recaen sobre quienes concretaron el negocio, y si bien hay un proceso jurídico en curso, ve poco probable un cambio de escenario que permita el cobro. Además, reiteró la postura de Uruguay de no intervenir en asuntos internos de otros países.
Las reacciones del sector no tardaron en llegar. Las principales gremiales lecheras y productores calificaron como infelices y preocupantes las declaraciones del ministro, destacando que la deuda, contraída con la empresa estatal venezolana Corpovex y que asciende a unos 30 millones de dólares, no es abstracta sino que repercute en la economía de los tambos y en el precio que reciben los remitentes de leche. Recordaron que la operación se efectuó en el marco de un acuerdo entre Estados, y que asumirla como incobrable podría impactar directamente sobre los productores cooperarios.
Justino Zabala, directivo de la Asociación de Tamberos de Canelones, sostuvo que las declaraciones “cayeron muy mal” por sus inconsistencias y errores, y defendió que el gobierno debería ser el primero en defender los intereses del país, señalando que no fue un negocio entre privados sino con una empresa estatal venezolana. A su juicio, el ministro “perdió la oportunidad de callarse la boca”.
La controversia se suma al reclamo judicial internacional iniciado por Conaprole en 2021 contra el Estado venezolano por la mora en pagos de exportaciones de lácteos, que la cooperativa extendió a más de 60 millones de dólares al incluir daños y perjuicios, aunque aún sin resolución definitiva.
