Argentina se convirtió este jueves en el primer país del Mercosur en aprobar inicialmente el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, tras la votación en la Cámara de Diputados, que resultó en 203 apoyos, 42 rechazos y 4 abstenciones. El tratado deberá ahora ser evaluado por el Senado para completar su proceso legislativo.
La aprobación contó con un amplio respaldo que abarcó al oficialismo, a La Libertad Avanza, al PRO, la UCR, Provincias Unidas y la mayoría de los bloques provinciales. Sin embargo, el peronismo se mostró dividido: 47 legisladores de Unión por la Patria votaron a favor, mientras que el resto rechazó la iniciativa.
A diferencia de otras leyes, el tratado no permite modificaciones parciales: debía aprobarse en su totalidad o ser rechazado, lo que acotó la discusión parlamentaria. Desde el Gobierno argentino señalaron que la intención es posicionar al país como el primer miembro del bloque en ratificar el acuerdo, buscando ventajas frente a Brasil, Uruguay y Paraguay.
El presidente Javier Milei resaltó que el acuerdo ofrece “beneficios significativos”, incluyendo un impulso a las exportaciones y condiciones más favorables para que las empresas argentinas se internacionalicen.
Firmado el 17 de enero en Asunción, el acuerdo requiere la ratificación de al menos un país del Mercosur y de la Unión Europea para entrar en vigor. En Europa, el Parlamento aún espera el fallo del Tribunal de Justicia de la UE, aunque la Comisión Europea podría implementar el tratado de manera provisional.
Brasil y Uruguay ya enviaron el acuerdo a sus congresos: Brasil prevé debatirlo después del Carnaval, el 24 de febrero, y Uruguay mantendrá audiencias con sectores productivos hasta el 27 de febrero.
El acuerdo Mercosur–UE constituye uno de los bloques económicos más importantes del mundo, abarcando cerca de 700 millones de personas y alrededor del 25% del PIB global. Entre sus principales medidas figuran la eliminación gradual de más del 90% de los aranceles bilaterales, la reducción de barreras no arancelarias y la armonización de normas sobre inversiones, propiedad intelectual y estándares técnicos y sanitarios.
