A horas de la apertura de ofertas por la licitación de la Vía Navegable Troncal (VNT), el proceso suma un nuevo capítulo de controversia judicial y política. Una denuncia presentada ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) solicita la suspensión inmediata del acto previsto para este viernes 27 de febrero y promueve acción penal contra funcionarios nacionales involucrados en la confección de los pliegos.
Según publicó el medio especializado Ser Industria, José María Lojo, titular del Consejo Portuario Argentino, denunció al titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Arreseygor, y a los funcionarios intervinientes en el diseño de la licitación para el dragado y balizamiento de la VNT en los ríos Paraná y de la Plata. La presentación también alcanza al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente Javier Milei, por su actuación en el proceso administrativo cuestionado.
La denuncia imputa presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso con figuras previstas en la normativa ambiental vigente. Además, solicita suspender la apertura de sobres con el objetivo de evitar la eventual consumación de perjuicios al interés público.
Cuestionamientos técnicos y ambientales
El escrito sostiene que las instancias de participación pública desarrolladas durante el último año fueron “una puesta en escena” para simular el cumplimiento de los mecanismos de consulta exigidos por la normativa. Según se argumenta, la mayoría de los aportes realizados en audiencia pública —incluidas observaciones formales del propio Lojo— habrían sido desestimados en la redacción final de los pliegos.
La denuncia se apoya en análisis técnicos y jurídicos que cuestionan aspectos centrales de la licitación, entre ellos estudios elaborados por los ingenieros Hernán Orduna y Alejandro Bustamante. Uno de los puntos más sensibles es la presunta ausencia de estudios de impacto ambiental integrales, pese a que —según se expone— el 90% de los participantes en la audiencia pública lo solicitó expresamente.
También se objeta el trazado técnico propuesto, considerado inconveniente desde el punto de vista operativo y ambiental, en contradicción con advertencias formuladas por especialistas del sector.
En materia tarifaria, Lojo advierte que la fijación de una tarifa mínima elevada podría limitar la competencia por precio, garantizar la rentabilidad de la empresa adjudicataria y trasladar mayores costos a los usuarios del sistema, afectando la competitividad de la producción argentina.
Un antecedente judicial incómodo
En las últimas horas, la periodista Paola Batista, directora de Plus Media, recordó un antecedente que vuelve a cobrar relevancia en el debate. En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó corregir la metodología de dragado ante la posible existencia de impacto ambiental.
En la causa Nordi c/ Buenos Aires y otros s/ daño ambiental, el máximo tribunal analizó informes técnicos que vinculaban el método de disposición del material dragado en el Paraná de las Palmas con embancamientos en cursos secundarios. Tras evaluar documentación provincial y peritajes navales, la Corte sostuvo que existía verosimilitud suficiente de que la metodología utilizada por la concesionaria Hidrovía S.A. estuviera generando obstrucciones en el arroyo Tarariras y dictó una medida cautelar correctiva. No se trató de una opinión mediática, sino de una orden judicial.
La concesionaria original estaba integrada, entre otras empresas, por Jan De Nul. Tras el vencimiento del contrato, la entonces Administración General de Puertos, posteriormente disuelta por el actual gobierno, asumió la operación como administradora y contrató como operador técnico al mismo grupo empresarial: Jan De Nul continuó a cargo del dragado, mientras que el balizamiento quedó en manos de Emepa S.A..
De este modo, el método de dragado cuestionado judicialmente habría continuado bajo responsabilidad de los mismos actores técnicos, mientras la medida cautelar sigue siendo objeto de reclamos de ejecución.
Un proceso bajo presión
La apertura de ofertas se produce así en un clima de creciente tensión institucional, con cuestionamientos que combinan aspectos técnicos, ambientales, tarifarios y judiciales. El resultado del acto previsto para este viernes no solo definirá el futuro de una concesión estratégica para el comercio exterior argentino, sino que también podría abrir un nuevo frente judicial en torno a uno de los corredores fluviales más relevantes del país
