En un contexto de creciente exigencia internacional y márgenes de rentabilidad ajustados, los principales referentes de las cámaras empresariales de Uruguay coincidieron en la necesidad de avanzar con medidas que reduzcan la conflictividad laboral, los costos del Estado y la carga burocrática, al tiempo que propusieron declarar al puerto de Montevideo como servicio esencial para garantizar su operativa.
Las posiciones fueron planteadas durante el encuentro “Uruguay 2026: Desafíos y oportunidades, visión de las cámaras empresariales”, organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), que reunió a los presidentes de las principales gremiales del país: Rafael Ferber (Asociación Rural del Uruguay), Leonardo García (Cámara de Industrias del Uruguay), Julio César Lestido (Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay) y Alejandro Ruibal (Cámara de la Construcción del Uruguay), junto a autoridades del gobierno.
Uno de los puntos de mayor coincidencia entre los empresarios fue la necesidad de reducir la conflictividad laboral. El presidente de la CIU, Leonardo García, advirtió sobre el impacto de los paros y las interrupciones en sectores clave, señalando que generan incertidumbre y desincentivan la inversión. En ese marco, propuso avanzar hacia acuerdos con los sindicatos que permitan establecer una “cláusula de paz” o tregua temporal.
Si bien desde la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, se planteó una visión más moderada —apuntando a “preservar el trabajo”—, el diagnóstico general fue claro: la estabilidad en las relaciones laborales es un factor central para sostener la actividad empresarial.
En línea con esta preocupación, los empresarios también pusieron el foco en la operativa del puerto de Montevideo. Desde la industria se planteó la posibilidad de declararlo como servicio esencial, con el objetivo de evitar interrupciones que afectan la logística, encarecen costos y generan incumplimientos en las cadenas de suministro.
Otro de los ejes centrales del planteo empresarial fue el peso de la burocracia estatal. Julio César Lestido señaló que abrir una empresa en Uruguay puede demandar unas 984 horas de trabajo administrativo, mientras que su mantenimiento implica cerca de 400 horas anuales adicionales. A esto se suman más de 50 jornadas laborales al año destinadas al cumplimiento normativo.
Para los empresarios, estos tiempos representan un costo excesivo que resta competitividad y desvía recursos que podrían destinarse a la producción y la generación de valor.
En este sentido, valoraron positivamente el anuncio del gobierno de impulsar un proyecto de ley de competitividad e innovación, que incluirá medidas de “desempapelamiento” del Estado, simplificación de trámites y mejoras en la regulación de mercados. “Estamos en el camino correcto”, afirmó Lestido durante el encuentro.
Además de la burocracia, otro punto crítico identificado fue el nivel de costos del Estado. Desde las distintas gremiales se insistió en la necesidad de revisar tarifas, gastos públicos y costos estructurales que afectan la competitividad de las empresas uruguayas frente a otros mercados.
Los empresarios también coincidieron en que, en el actual contexto, no es oportuno avanzar en una reducción de la jornada laboral sin garantías de aumento de la productividad, advirtiendo que esto podría profundizar los problemas de competitividad.
Si bien durante el evento también surgieron opiniones sobre otros temas —como el proyecto Casupá, la posible construcción de un túnel en 18 de Julio o inversiones vinculadas al Mundial 2030—, el eje central del mensaje empresarial estuvo puesto en la necesidad de generar condiciones más favorables para la actividad privada.
Menos conflictividad, menor carga burocrática y reducción de los costos del Estado aparecen así como los principales reclamos del sector empresarial, que advierte que sin estos cambios Uruguay corre el riesgo de perder competitividad en un escenario internacional cada vez más exigente.
