El Gobierno argentino reforzó su política de “tolerancia cero” frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, tras detectar, sancionar y avanzar en el cobro de multas a embarcaciones extranjeras que operaban en infracción dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).
En el marco de una estrategia sostenida de control marítimo, la Prefectura Naval Argentina, en coordinación con la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca (SSRAyP), logró en los últimos días identificar e interceptar tres buques de bandera extranjera que realizaban maniobras compatibles con actividad pesquera ilegal. Las tareas de vigilancia se apoyan en sistemas de monitoreo electrónico de alta precisión, lo que permite detectar patrones de navegación sospechosos incluso sin presencia física en el lugar.
Uno de los casos más relevantes es el del buque BAO FENG, de bandera de la República de Vanuatu, que ya había sido detectado el 10 de enero operando dentro de la ZEEA a velocidades inferiores a los seis nudos y realizando tareas de arrastre, un comportamiento típicamente asociado a la pesca. Con base en las pruebas recolectadas, las autoridades iniciaron un sumario en ausencia que derivó en una sanción económica superior a 1.262 millones de pesos, a lo que se sumaron costos operativos por más de 799 mil pesos.
Pese a la sanción, el mismo buque fue nuevamente detectado en infracción durante la última semana, lo que refuerza la hipótesis de reincidencia por parte de flotas extranjeras que operan en el Atlántico Sur.
A su vez, el pesquero HAI XING 2 fue localizado dentro del área con velocidades promedio cercanas a los 4,3 nudos y permanencia prolongada en una misma zona, indicadores que, de acuerdo con los criterios técnicos vigentes, constituyen evidencia consistente de actividad extractiva no autorizada. En la misma línea, el buque BAO WIN presentó desplazamientos reducidos y movimientos reiterados, también compatibles con prácticas de pesca ilegal.
El accionar de las autoridades se sustenta en la Disposición SSRAyP N° 20/2026, que establece parámetros objetivos para presumir infracciones. Entre ellos, se considera en falta a todo buque extranjero que navegue a menos de seis nudos y ejecute maniobras asociadas a la pesca dentro de la ZEEA.
Uno de los aspectos más relevantes del operativo es la posibilidad de avanzar en sanciones económicas sin necesidad de interceptar físicamente a las embarcaciones. Esto es posible gracias al uso de evidencia electrónica provista por la autoridad marítima, que cuenta con atribuciones legales para hacer cumplir la normativa en el mar y documentar infracciones con respaldo técnico.
Desde el Gobierno señalaron que la reiteración de estos episodios evidencia la presión constante de flotas pesqueras internacionales sobre los recursos del Atlántico Sur, lo que obliga a sostener un monitoreo permanente y fortalecer los mecanismos de control.
En este contexto, Argentina ratifica su compromiso con la defensa de la soberanía marítima, la protección de los recursos naturales y la sostenibilidad de los ecosistemas marinos, asegurando que toda actividad ilegal dentro de sus aguas sea detectada, sancionada y penalizada de manera efectiva.
