La decisión del gobierno argentino de avanzar en una desregulación del servicio de practicaje comienza a generar repercusiones en el ámbito marítimo-portuario regional, particularmente en Uruguay, donde el tema encendió alertas tanto por sus posibles efectos en la seguridad de la navegación como por su impacto en la competitividad del comercio exterior.
La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, apunta a reformar en profundidad el régimen vigente. Entre sus principales lineamientos se destacan la eliminación de restricciones para el ingreso de nuevos prácticos, la ampliación de la competencia, la libertad de contratación por parte de armadores y operadores, y una mayor transparencia en la publicación de tarifas. El objetivo oficial es claro: reducir costos logísticos y alinear el sistema argentino con estándares internacionales, en un intento por ganar eficiencia y dinamizar el comercio exterior.
Sin embargo, estas transformaciones abren un debate sensible en torno al equilibrio entre costos, eficiencia y seguridad. En ese contexto, la Corporación Uruguaya de Prácticos expresó su preocupación y advirtió que la aplicación de estos cambios sin consulta previa podría generar asimetrías regulatorias y afectar la operativa en el Río de la Plata, una vía de navegación compartida por ambos países. El planteo se apoya en el Tratado del Río de la Plata, que establece la necesidad de coordinación bilateral ante modificaciones que impacten en aguas comunes.
El contraste entre ambos modelos es marcado. Mientras Argentina busca abrir el mercado y flexibilizar el sistema, Uruguay mantiene un esquema de practicaje cerrado, con características monopólicas y una fuerte regulación en la asignación de servicios y tarifas. Este modelo ha sido objeto de cuestionamientos por parte de operadores y navieras, en particular por su incidencia en los costos logísticos y por antecedentes vinculados a la aplicación de la paramétrica tarifaria, que incluso derivaron en reclamos judiciales.
A su vez, especialistas del sector relativizan el alcance del reclamo uruguayo, recordando antecedentes en los que Argentina no dio lugar a planteos similares. En ese marco, también surge otra lectura: el temor a que una eventual desregulación en el país vecino termine impulsando cambios en Uruguay, en línea con la necesidad de mejorar la competitividad y reducir costos en el comercio exterior.
En un escenario regional donde la eficiencia logística gana protagonismo, el debate sobre el practicaje vuelve al centro de la agenda, con implicancias que exceden lo técnico y se proyectan sobre la dinámica comercial de toda la región.
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