El conflicto comercial por las exportaciones de leche uruguaya hacia Brasil entra en una fase decisiva, marcado por señales políticas que apuntan a una posible salida negociada. Desde Brasilia, el embajador uruguayo Rodolfo Nin Novoa expresó un mayor optimismo sobre el desenlace del caso de presunto dumping que afecta al sector.
La controversia, que mantiene en alerta a la cooperativa Conaprole y a otras empresas exportadoras, podría resolverse hacia mediados de mayo. Según el diplomático, recientes declaraciones del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fueron interpretadas como una señal de apertura al diálogo.
Durante un acto público, Lula reconoció tensiones por el ingreso de leche importada desde Uruguay y Argentina, pero planteó que la respuesta no debería centrarse en sanciones comerciales, sino en mecanismos internos que protejan a los pequeños productores sin afectar la integración regional.
En paralelo, el ministro uruguayo de Ganadería, Alfredo Fratti, mantuvo reuniones con autoridades brasileñas en busca de destrabar el conflicto. Desde Montevideo sostienen que la denuncia carece de base jurídica, al haber sido presentada por una entidad sin legitimidad directa para representar a la industria afectada.
El eje técnico del debate gira en torno a la diferencia entre leche en polvo y leche cruda, consideradas productos distintos por el Departamento de Defensa Comercial de Brasil en evaluaciones previas. Sin embargo, el caso fue reactivado tras la intervención del vicepresidente Geraldo Alckmin, lo que desde el sector uruguayo se interpretó como un giro político.
Más allá de los aspectos legales, Uruguay insiste en que el impacto de sus exportaciones es marginal frente al tamaño de la industria brasileña. Mientras Brasil produce cerca de 35.000 millones de litros de leche al año, las ventas uruguayas representan apenas una pequeña porción del mercado.
El riesgo, sin embargo, es significativo. Brasil absorbe cerca del 20% de las exportaciones de Conaprole, con un flujo mensual cercano a los 70 millones de dólares. Un eventual fallo adverso, con la imposición de aranceles compensatorios, podría afectar la competitividad uruguaya frente a proveedores de otras regiones.
Ante este escenario, Uruguay no descarta llevar el caso a instancias internacionales, incluida la Organización Mundial del Comercio, si no se alcanza una solución bilateral.
La disputa se produce en un momento sensible para la relación regional, coincidiendo con la implementación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que exige coordinación entre los socios para la distribución de cuotas de exportación.
Fuente: Ámbito
