El Gobierno uruguayo resolvió avanzar en el litigio internacional iniciado por accionistas de Montecon y rechazó, al mismo tiempo, la propuesta presentada por la empresa para desarrollar una terminal multipropósito en el puerto de Montevideo, cerrando así la instancia de negociación que ambas partes mantenían en paralelo.
El conflicto tiene su origen en las demandas presentadas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), luego de la extensión de la concesión a Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada en contenedores del puerto capitalino.
El grupo empresarial, a través de ATCO, dueño del 40% de las acciones de Montecon, inició el 9 de mayo de 2024 un arbitraje internacional por US$ 240 millones. La compañía argumentó que la extensión de la concesión a TCP violaba el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones vigente entre Uruguay y Canadá.
Pocos días después, Neltume Ports —controlada mayoritariamente por la chilena Ultramar y con participación minoritaria de ATCO— presentó una segunda demanda, esta vez por US$ 600 millones.
En julio de 2025 quedó conformado el tribunal arbitral encargado de analizar el caso. Sin embargo, mientras avanzaba el proceso judicial, la firma Inversiones Portuarias Uruguayas —vinculada al grupo empresarial propietario de Montecon— presentó una iniciativa para construir una nueva terminal multipropósito en Montevideo. La propuesta fue elevada tanto a Presidencia de la República como a la Administración Nacional de Puertos.
En el marco de ese proceso, el Gobierno uruguayo y Neltume Ports habían alcanzado un entendimiento para suspender temporalmente el arbitraje y abrir un período de negociación de 180 días. Ese plazo venció el 12 de enero de este año y posteriormente fue prorrogado por 90 días adicionales a pedido de la empresa, extensión que culminó el pasado 13 de abril.
Según informó el diario El Observador, en los últimos días la compañía volvió a solicitar una nueva prórroga. Sin embargo, esta vez el Gobierno uruguayo decidió no aceptar el pedido y comunicó a su equipo jurídico ante el Ciadi —el estudio internacional Arnold & Porter Kaye Scholer— su intención de continuar formalmente con el arbitraje.
La misma información señala además que la propuesta para construir la terminal multipropósito fue finalmente rechazada por el Ejecutivo, poniendo fin a las conversaciones que se desarrollaban entre las partes.
Tras esa decisión, la defensa jurídica de Uruguay solicitó al organismo internacional que proponga fechas para el inicio formal del litigio.
