El gobierno de Uruguay enfrenta una disputa internacional luego de que el astillero español Cardama iniciara un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, por la cancelación del contrato para construir dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional.
La empresa sostiene que la rescisión del acuerdo fue ilegal y acusa al Ejecutivo de incumplir obligaciones contractuales. La presentación ya fue notificada al presidente Yamandú Orsi, aunque por ahora Cardama no informó el monto de la indemnización que reclamará.
El contrato, firmado en diciembre de 2023 por 82 millones de euros, contemplaba la construcción de dos buques de vigilancia marítima de 87 metros. Sin embargo, el gobierno uruguayo decidió anularlo tras detectar presuntas irregularidades en las garantías financieras presentadas por el astillero.
Las autoridades cuestionaron especialmente una garantía emitida por EuroCommerce Bank, entidad que —según el Ejecutivo— no tendría actividad real, así como otro aval presentado por Redbridge Insurance. Además, señalaron que Cardama incumplió los plazos establecidos para entregar la documentación necesaria para activar formalmente el contrato.
Desde Montevideo rechazan la vía internacional elegida por la empresa española y sostienen que el conflicto debe resolverse en tribunales uruguayos, ya que la rescisión respondió a incumplimientos jurídicos y contractuales, y no a diferencias técnicas.
“El procedimiento seguido fue plenamente ajustado al derecho nacional”, afirmó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien también cuestionó la legalidad del arbitraje impulsado por la compañía.
Por su parte, Cardama insiste en que el proyecto seguía vigente y atribuye la cancelación a razones políticas. Su propietario, Mario Cardama, aseguró que las declaraciones públicas del gobierno afectaron la reputación internacional del astillero.
El caso también se convirtió en un foco de disputa política en Uruguay. Una comisión parlamentaria investiga actualmente cómo se aprobó el contrato con una empresa sin antecedentes en la construcción de patrulleras oceánicas, mientras sectores del oficialismo califican el proyecto como uno de los mayores fracasos recientes de la Armada Nacional.
