El Gobierno de Brasil decidió prorrogar durante 60 días el impuesto del 12% aplicado sobre los ingresos brutos de las exportaciones de petróleo, una medida cuestionada por las empresas del sector debido a su impacto sobre el flujo de caja y las inversiones.
La Cámara de Comercio Exterior (Camex), vinculada al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio, aprobó la continuidad del gravamen antes del vencimiento de la medida provisional que estableció inicialmente el tributo. La decisión se produce en un contexto de incertidumbre internacional y nuevas tensiones derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
Representantes de la industria petrolera consideran que no existen riesgos inmediatos para el abastecimiento interno que justifiquen mantener el impuesto. También señalan que el aumento de los precios internacionales del crudo durante los últimos meses ya permitió al Gobierno incrementar sus ingresos mediante regalías y participaciones especiales.
Decio Oddone, exdirector general de la Agencia Nacional de Petróleo (ANP), advirtió que la continuidad de este tipo de medidas puede perjudicar la capacidad de Brasil para atraer inversiones, especialmente en un sector que requiere elevados niveles de capital y estabilidad regulatoria a largo plazo.
Analistas de Citi estiman que Prio sería la compañía más afectada por la extensión del impuesto, seguida de Brava Energia y Petrobras. No obstante, consideran que los subsidios a los combustibles recibidos por Petrobras podrían compensar los efectos negativos de la tributación adicional.
Por su parte, XP calcula que Brava Energia enfrentaría un impacto equivalente al 1,1% de su valor de mercado, mientras que las pérdidas para Prio y Petroreconcavo representarían el 0,8% y el 0,7%, respectivamente. Petrobras tendría un impacto proporcional menor, del 0,4%, aunque registraría las mayores pérdidas en términos absolutos, estimadas en unos 400 millones de dólares.
El Instituto Brasileño de Petróleo, Gas y Biocombustibles (IBP) cuestionó la decisión y sostuvo que la prórroga administrativa no resuelve los problemas legales, económicos e institucionales relacionados con el impuesto. Según la entidad, la medida genera incertidumbre para los proyectos de producción, los planes de inversión y las decisiones empresariales del sector.
El IBP también criticó que la continuidad del gravamen se haya decidido fuera del proceso legislativo y manifestó su disposición a mantener conversaciones con el Gobierno para discutir alternativas.
Especialistas jurídicos señalan además que la nueva decisión modifica la justificación utilizada inicialmente para establecer el impuesto. Mientras la medida provisional vinculaba la recaudación con los gastos derivados de los subsidios al diésel, la prórroga aprobada por Camex se fundamenta en la regulación del mercado y la protección del abastecimiento interno ante las tensiones en el Estrecho de Ormuz.
Con la extensión aprobada, el impuesto podría permanecer vigente durante un periodo total de hasta 180 días, aumentando los recursos económicos involucrados y las disputas judiciales entre las compañías petroleras y el Gobierno.
Fuente: Valor Internacional
