La disputa laboral que afecta la operativa del Puerto de Montevideo llegará al Parlamento uruguayo, luego de que legisladores de la oposición convocaran a autoridades de los ministerios de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y de Economía y Finanzas (MEF) para explicar las medidas adoptadas ante las interrupciones y demoras en la Terminal Cuenca del Plata (TCP).
La convocatoria fue promovida por legisladores del Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente, que integran la Coalición Republicana, y será analizada en una comisión del Senado. La oposición sostiene que la continuidad del conflicto genera riesgos para el comercio exterior, el empleo y la imagen internacional del país.
El senador nacionalista Rodrigo Blás calificó la situación como un problema que mantiene al principal puerto uruguayo bajo presión y cuestionó la respuesta del Gobierno. En la misma línea, el colorado Robert Silva advirtió que una paralización de la actividad portuaria puede afectar tanto las exportaciones como las importaciones y la conectividad del país.
La oposición también apuntó contra el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra). La senadora Graciela Bianchi acusó al gremio de haber condicionado el inicio de las negociaciones a una suma fija de $50.000 y calificó esa exigencia como una forma de presión sobre el Estado.
Entre los reclamos sindicales se encuentra además una reducción de la jornada laboral sin disminución salarial, planteo que la empresa TCP considera que no corresponde abordar dentro de la actual negociación colectiva.
Desde el oficialismo, la interpretación es diferente. El senador del Frente Amplio Gustavo González rechazó responsabilizar a los trabajadores por el conflicto y defendió el derecho de huelga. Según sostuvo, la disputa debe analizarse también desde las condiciones salariales y laborales de los trabajadores portuarios, y cuestionó a la oposición por respaldar, a su entender, las posiciones empresariales.
Jorge Pozzi, representante del Gobierno en el directorio de TCP, consideró exagerada la convocatoria de la Coalición Republicana, aunque reconoció que el Parlamento tiene potestad para pedir explicaciones sobre una situación que afecta a un sector considerado estratégico para el país.
Fuente: Ámbito
