Brasil pidió este jueves a la Unión Europea (UE) que retrase la entrada en vigor de una ley que sanciona la importación de productos que contribuyen a la deforestación, prevista para finales de este año.
Según informó La Nación de Argentina, la solicitud fue formulada en una carta entregada personalmente por el ministro de Agricultura de Brasil, Carlos Fávaro, al comisario europeo de Agricultura, Januz Wojciechowski, durante una reunión en Brasil.
“El inicio previsto de implementación de la ley contra la deforestación [conocida por sus siglas EUDR] por parte de la UE a fines de 2024 representa motivo de seria preocupación para diversos sectores exportadores brasileños y para el gobierno», expresa la carta.
Brasil insta a la Unión Europea a no implementar la EUDR a partir de finales de 2024 y a “revaluar con urgencia su abordaje sobre el tema”, subrayando que la normativa es un «instrumento unilateral y punitivo que ignora las leyes nacionales sobre el combate a la deforestación». Además, el documento denuncia que la ley contiene “aspectos extraterritoriales que contrarían el principio de soberanía”.
La carta, firmada por Fávaro y el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, resalta que la ley EUDR, promulgada en 2023, prohibirá la comercialización en la UE de productos como cacao, café, soja, aceite de palma, madera, carne bovina, caucho, cuero, muebles y papel si proceden de tierras deforestadas después de diciembre de 2020.
La normativa también exigirá a las empresas importadoras demostrar la trazabilidad de sus productos mediante datos de geolocalización proporcionados por los agricultores y respaldados con fotografías satelitales.
La oposición de Brasil se suma a otras preocupaciones internacionales. En junio, Estados Unidos también solicitó a la UE posponer la implementación de la ley, mientras que países africanos y asiáticos han manifestado inquietudes similares. En septiembre de 2023, un grupo de 17 países —11 latinoamericanos, tres asiáticos y tres africanos— advirtió a la UE sobre los efectos negativos de la normativa.
Pese a las crecientes críticas, la Comisión Europea asegura que está “trabajando intensamente en la implementación” de la ley. No obstante, un aplazamiento requeriría una nueva iniciativa legislativa por parte de la Comisión, cuyo nuevo equipo será presentado la próxima semana.
