La disposición de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (SSPYVN) de Argentina por la que se exigirá un seguro por derrame de hidrocarburos a todas las embarcaciones que circulen por la Vía Navegable Troncal (VNT) de la Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP) ha generado malestar en el sector y toda la industria ha quedado en alerta.
En ese sentido, según trascendió en la prensa argentina, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estaría encabezando las gestiones para derogar la medida.
El portal SL24, indicó que fuentes del equipo del jerarca dijeron que la idea es poder derogar la “polémica disposición” este mismo miércoles.
La disposición de la SSPYVN manifiesta, concretamente, la obligatoriedad de contar con un certificado de cobertura OSRO (Oil Spill Response Organization), para la prevención y control de derrames de hidrocarburos para todos los buques y/o convoyes de barcazas “de cualquier tipo y carga” que naveguen por la Vía Navegable Troncal (VNT) de la Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP).
Esta medida, anunciada este martes por ComexLatam, fue confirmada oficialmente este miércoles tras ser publicada en el Boletón Oficial de la Nación Argentina.
SL24 asegura que en toda la industria y la cadena logística existe mucho malestar por la disposición y, según varias fuentes consultadas, se vislumbra una fractura en la opinión de los integrantes del gobierno del presidente Javier Milei
Algunos actores y usuarios de la VNT expresaron que la norma, que alcanza a todas las embarcaciones, no considera el tipo de carga, y entienden que esto podría resultar exagerado para cargas como “porotos, harina de soja, mineral de hierro o maíz”.
En otro orden, también sostuvieron que “la disposición hace referencia al convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos (Londres 1990)”, pero dijeron que la misma “no se aplica a todas las cargas”.
Por otra parte, se indicaron inconsistencias en la nueva normativa, ya que, según la disposición, el control recae sobre la Administración General de Puertos (AGP) cuando esta labor corresponde a la Prefectura Naval Argentina.
Los expertos también indicaron que la AGP tendrá la potestad de responsabilizar al armador y su agente marítimo, lo que es visto como “inadecuado”.
En cuanto al alcance de la medida se observó que existe una desproporcionalidad en su aplicación, dado que se exige el certificado OSRO, que corresponde a derrames de más de 4.000 metros cúbicos.
