Por Redacción | Basado en un análisis de Humberto Caballero, Customer Roker
El pasado 16 de abril de 2025, el Estado de California, encabezado por el gobernador Gavin Newsom, presentó una demanda federal sin precedentes contra el presidente Donald Trump y varias agencias federales. La acusación: haber impuesto aranceles masivos e inconstitucionales sin contar con la aprobación del Congreso.
La querella, presentada en una corte federal, sostiene que Trump abusó de la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), al utilizarla para establecer un arancel general del 10% a todas las importaciones, sancionar con un 25% a productos provenientes de México y Canadá (salvo los amparados por el T-MEC), elevar las tarifas a China hasta un 145% —lo que desató represalias del 125%— y anunciar aranceles “recíprocos” de hasta un 50% en productos de 90 países.
La base del argumento legal es contundente: la IEEPA no autoriza la imposición de aranceles —de hecho, ni siquiera menciona la palabra— y la Constitución delega expresamente al Congreso el poder de regular el comercio internacional (Artículo I, Sección 8). Según la demanda, estas medidas violan la separación de poderes y se realizaron ultra vires, es decir, fuera de la autoridad legal del presidente.
Las consecuencias económicas no se hicieron esperar: en solo 48 horas, las pérdidas bursátiles alcanzaron los $6.6 billones, y las proyecciones indican un impacto en el PIB de hasta $100 mil millones anuales, un incremento inflacionario del 1.3%, y un costo adicional de $2,100 por hogar estadounidense.
California, epicentro de esta acción legal, justifica su protagonismo por razones claras: es el mayor importador del país, el segundo mayor exportador, y sus puertos gestionan el 40% del comercio marítimo nacional. Sectores clave como la agricultura, el vino, la tecnología y la manufactura ya acusan recibo del golpe.
Humberto Caballero, experto en comercio exterior y logística, advirtió en sus redes sociales: “Ningún presidente puede imponer caos económico por decreto.” Su análisis subraya la gravedad del caso y anticipa que esta demanda podría establecer un precedente histórico sobre los límites del poder ejecutivo en materia comercial.
Mientras la comunidad internacional observa con atención, importadores, exportadores y actores logísticos deberán prepararse para un posible rediseño del panorama comercial global. El futuro de los aranceles —y quizás del equilibrio de poderes en Estados Unidos— se decidirá en los tribunales.
