El Poder Ejecutivo uruguayo vuelve a poner sobre la mesa un plan para ordenar el transporte de carga, luego de intentos fallidos como Sictrac y Sigeflot.
Esta vez, la propuesta se apoya en tres herramientas centrales: una guía electrónica obligatoria, seguimiento satelital por GPS y control biométrico para el registro laboral de los choferes.
Según informó Radio Nave, el proyecto —que aún no tiene nombre oficial— busca mejorar la trazabilidad, formalizar los contratos de transporte y transparentar las condiciones laborales en un sector que mueve a unos 45.000 camiones y emplea a 30.000 personas en todo el país.
Desde la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC), su presidente Ignacio Asumendi valoró la iniciativa, aunque alertó sobre los desafíos estructurales que enfrenta el rubro. “Tenemos una cadena logística con muchas ineficiencias que encarecen el servicio y dificultan la competitividad”, indicó en entrevista con Carve.
Uno de los puntos más innovadores del proyecto es la guía electrónica de carga, que permitiría identificar qué se transporta, desde dónde y hacia dónde, en qué camión y bajo qué condiciones. Esto también obligaría a dejar constancia escrita de los contratos, que hoy en muchos casos se hacen de palabra.
Pero más allá de la tecnología, el proyecto reabre un debate histórico: la brecha entre lo que establece la normativa laboral y cómo se trabaja en la práctica. El pago por hora, fijado en el laudo, choca con una realidad donde predominan las remuneraciones por kilómetro recorrido o por viaje. Y las largas esperas en puertos o plantas, a menudo sin pago, complican aún más la ecuación.
Asumendi advirtió que, de aplicarse sin transición, el nuevo sistema podría dejar al descubierto modalidades de pago no reconocidas oficialmente. Por eso, propone una implementación gradual: comenzar por la guía electrónica y dejar el control biométrico para una segunda etapa.
Otro tema sobre la mesa es la posible reactivación de precios de referencia, que desaparecieron en la administración anterior. Para el Ministerio de Transporte, esto podría contribuir a ordenar un mercado fragmentado y evitar tarifas por debajo de los costos operativos.
La informalidad también preocupa: algunos estudios estiman que podría superar el 50%, aunque sin datos oficiales. Según Asumendi, esto responde a un combo de baja rentabilidad, sobreoferta de camiones y tiempos muertos que nadie paga.
En paralelo, crece la inquietud por el desarrollo de medios alternativos como el tren central o las hidrovías.
“No nos oponemos al esquema multimodal, pero si seguimos con baja productividad, sumar más competencia nos va a perjudicar”, señaló el dirigente.
La ITPC agrupa a transportistas de distintos rubros, como leche, granos, bebidas, madera y combustibles, cada uno con realidades muy distintas. Mientras algunos pueden adaptarse a pagos por hora, otros operan en entornos más desordenados donde eso es casi imposible.
Por ahora, la propuesta se encuentra en fase de consultas. En julio habrá reuniones clave para definir qué elementos del plan se incluirán en la ley de presupuesto. “Estamos recorriendo el país, escuchando al sector y explicando los alcances del proyecto”, cerró Asumendi.
