La ex cartera de Ambiente de la Nación —hoy reducida a Subsecretaría— admitió ante la Cámara Federal de Rosario que en los últimos 20 años no cuenta con registros, estudios ni intervenciones vinculadas al dragado del río Paraná. La revelación se produjo en el marco de una causa impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la organización UPVA Ramallo.
El organismo reconoció que no participó en estudios de impacto ambiental ni en instancias de consulta pública sobre las obras de dragado, ensanche y cambio de traza del río desde 2011. “La respuesta es clara: no hay absolutamente nada”, señalaron los abogados ambientalistas, quienes remarcaron la ausencia total de control estatal sobre uno de los proyectos de infraestructura más significativos del país.
La situación cobra mayor gravedad al considerar que los trabajos avanzaron sin evaluaciones actualizadas ni monitoreo ambiental, incluso en el paso conocido como Las Hermanas, frente a Ramallo. El expediente también incorporó un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que detectó irregularidades en la licitación prevista para 2025, actualmente pospuesta.
Las organizaciones denunciantes advirtieron que la desidia estatal deja al Paraná “sin monitoreo ni garantías mínimas de legalidad ni protección ambiental”, y sostuvieron que la defensa del río constituye una cuestión de derechos humanos, justicia ambiental y soberanía.
En diálogo con ComexLatam, el especialista Jorge Metz subrayó la relevancia del caso para las relaciones bilaterales en el marco del Tratado del Río de la Plata. “Si se producen alteraciones al régimen del río, está prevista la responsabilidad en el propio tratado”, explicó.
Metz sostuvo que este vacío de control “no solo desnuda una grave falta de idoneidad técnica y jurídica, sino que además genera un antecedente peligroso en la región, porque cualquier país vecino puede cuestionar los impactos transfronterizos de estas obras”. En ese sentido, advirtió que la ausencia de evaluaciones ambientales también debilita la posición de Argentina frente a reclamos internacionales.
El ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables fue aún más contundente al señalar que la situación “conceptualmente tira abajo todos los estudios de impacto ambiental presentados para el Canal Magdalena, porque nada de lo que se debió haber considerado existió en la práctica”. Para Metz, se trató de “una farsa montada sobre supuestos estudios, sin monitoreos reales ni verificaciones técnicas”.
El especialista también remarcó la contradicción con las normas actuales: “Hoy para construir un edificio se exige un estudio de impacto ambiental, pero durante dos décadas no se hicieron para las intervenciones en el Paraná. Cuando se buscan antecedentes, simplemente no existen”.
Finalmente, Metz planteó que la falta de control revela “una ausencia total de conocimiento de la ley y de responsabilidad política”. En contraposición, destacó el rol regional: “Uruguay tiene una oportunidad inmejorable para demostrar sabiduría y responsabilidad con este diagnóstico.
