En el marco del proceso de readecuación tarifaria en las vías navegables, trascendió que Argentina se comprometió a suspender por un período de 60 días la aplicación del cambio de zona que había generado fuertes perjuicios para los puertos uruguayos y las actividades económicas vinculadas a ellos.
La medida, adoptada de forma unilateral por Argentina en octubre de 2024, contradice los acuerdos firmados entre ambos países y, según reconocieron tanto las anteriores como las actuales autoridades argentinas en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), resulta injusta cuando impacta directamente en los intereses comerciales, marítimos y portuarios del Uruguay.
Pese a este reconocimiento, hasta el momento no ha sido posible lograr su anulación definitiva, lo que provoca sorpresa y preocupación tanto en la CARP como en la Cancillería y en el Gobierno uruguayo.
La decisión argentina de suspender temporalmente la medida se interpreta como un avance en la negociación, aunque desde el sector público y privado del Uruguay se insiste en la necesidad de cerrar definitivamente este capítulo por su carácter ilegal. En este sentido, se espera que, en la ventana de 60 días, se confirme el restablecimiento pleno de las condiciones acordadas en el marco del tratado binacional.
El sector privado uruguayo, estrechamente ligado a la actividad marítima y portuaria, ha destacado el esfuerzo de los delegados de la CARP y expresado su confianza en la gestión para garantizar la defensa de los intereses del país.
