El pasado mes de julio, accionistas de Montecon presentaron ante la Presidencia de la República de Uruguay un proyecto para el desarrollo de una terminal multipropósito en los muelles públicos 8, 9, 10 y C del Puerto de Montevideo.
La propuesta fue presentada por Inversiones Portuarias Uruguayas, sociedad anónima integrada por Neltume Ports —controlada en un 60% por la chilena Ultramar y en un 40% por la canadiense ATCO—.
Ambas compañías mantienen abierto un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. El reclamo asciende a unos USD 600 millones, a lo que se suman USD 240 millones adicionales demandados por ATCO, en un proceso amparado en el tratado de inversiones con Canadá.
El 30 de julio pasado quedó constituido el tribunal que llevará adelante la disputa, presidido por Alfredo Baullard, junto a los árbitros Valeria Galíndez por la parte demandante y Loretta Malintoppi en representación del gobierno uruguayo.
En este contexto, el diario El Observador informó que Neltume, en acuerdo con el gobierno uruguayo, resolvió suspender el arbitraje hasta 2026. La decisión coincide con la presentación del nuevo proyecto portuario, que busca dar un giro a la relación entre la empresa y el Estado en torno al futuro del Puerto de Montevideo
