El principal sindicato agrícola de Francia, la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores (FNSEA), convocó para el próximo 26 de septiembre una jornada de movilización en todo el país. La protesta está dirigida contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, las políticas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump y la entrada de productos importados que, según los agricultores, no cumplen con las normativas francesas de producción.
La medida fue anunciada por el secretario general de la organización, Arnaud Rousseau, en declaraciones publicadas por el semanario Journal de Dimanche. Rousseau reiteró su rechazo al pacto con los países del Mercosur —Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay— al considerar que permitiría el ingreso de alimentos más baratos, elaborados bajo estándares distintos, lo que podría poner en riesgo la competitividad y la subsistencia de la producción local.
La convocatoria de la FNSEA se suma a un escenario de alta tensión social en Francia. En las últimas semanas se han intensificado las manifestaciones contra el plan de austeridad impulsado por el Gobierno. El pasado 10 de febrero se movilizó el movimiento “Bloqueemos todo” y este 18 está previsto un nuevo paro nacional organizado por sindicatos.
La situación se da además en un contexto de fragilidad política. La Asamblea Nacional rechazó recientemente al primer ministro François Bayrou, el segundo jefe de Gobierno en caer en menos de un año, lo que obligó al presidente Emmanuel Macron a designar a Sébastien Lecornu como su reemplazo. El nuevo primer ministro ha sugerido una flexibilización del plan de ajuste previsto para 2026, incluida la revisión de la polémica eliminación de dos días festivos, aunque las principales centrales sindicales mantienen en pie las movilizaciones.
El acuerdo UE-Mercosur, actualmente en proceso de ratificación en los 27 parlamentos europeos, encuentra una fuerte resistencia en Francia. La mayoría de los diputados galos ya han manifestado su oposición al tratado, lo que refleja la presión de sectores agrícolas y ambientalistas.
No es la primera vez que los agricultores franceses expresan su descontento. En enero de 2024, un amplio movimiento de ganaderos y productores rurales protagonizó protestas masivas contra el mismo acuerdo y contra lo que denunciaban como una pérdida de competitividad frente a normas ambientales más exigentes en Francia que en otros países, además de trabas burocráticas.
Como respuesta a esa oleada de reclamos, el Parlamento aprobó en el verano la polémica “Ley Duplomb”, que llegó a autorizar nuevamente el uso de un pesticida cuestionado. Sin embargo, tras la fuerte oposición de organizaciones ecologistas, los tribunales intervinieron y obligaron a modificar la normativa.
