Tras el fallido intento de febrero, el gobierno argentino prepara una nueva licitación para la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), eje clave del comercio regional. Según fuentes del sector, el nuevo pliego será presentado en noviembre, mientras que en julio se abrirá un período de consultas y observaciones por parte de los interesados.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), a cargo del proceso, llevó adelante en los últimos meses una serie de reuniones con usuarios en distintos puntos del país, con el objetivo de rediseñar el pliego sobre la base de las críticas e impugnaciones que forzaron la anulación de la anterior convocatoria.
Entre los principales puntos trascendidos, se destacan un nuevo plazo de concesión de 20 años, la continuidad de la exclusión de empresas controladas por estados, y la fijación de un tope tarifario que no incremente los costos logísticos actuales.
Pero el mayor foco de atención está puesto en el memorándum firmado el pasado 21 de mayo entre la ANPYN y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que prevé la asistencia técnica y la supervisión integral del nuevo proceso licitatorio. En particular, el acuerdo establece que UNCTAD brindará apoyo en la redacción de los pliegos y realizará una auditoría de defensa de la competencia, para garantizar un marco de equidad y transparencia, sin privilegios que afecten la igualdad de oportunidades.
Más allá de su rol en esta licitación, el involucramiento de UNCTAD ha sido interpretado como una señal del interés en reforzar la cooperación y el equilibrio regional en torno a la VNT. En el texto se señala que la entidad es “el principal foro de la ONU para abordar integralmente las cuestiones de comercio y desarrollo global”, y que su misión es “promover la integración de los países en desarrollo en la economía mundial, en defensa de la competencia y ejercicio del comercio transparente y competitivo”.
Según la definición oficial argentina, la Vía Navegable Troncal forma parte del Sistema Navegable Integral, que nace en Puerto Cáceres (Brasil), recorre Bolivia, Paraguay, Argentina, «a veces Uruguay», y culmina en el Río de la Plata. Esta mención parcial a Uruguay en el trazado ha generado asombro y malestar entre diversos actores regionales, que interpretan la expresión como una omisión significativa.
La VNT, según el pliego licitatorio, abarca el tramo entre el kilómetro 1.238 del río Paraná (Confluencia) y el kilómetro 239,1 del Canal Punta Indio, en el Río de la Plata exterior, incluyendo varios ramales del delta como el Paraná de las Palmas, Paraná Bravo, Paraná Guazú y Talavera. Estas vías se encuentran bajo jurisdicción argentina, a diferencia del Canal Martín García y el río Uruguay, administrados por la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que son de administración conjunta con Uruguay y quedan fuera de este plan.
En este marco, Argentina puede definir unilateralmente las condiciones en sus aguas soberanas, pero está obligado luego coordinar con Uruguay la compatibilidad de condiciones en los canales compartidos, en cumplimiento de acuerdos bilaterales.
Con respecto a la zona Bravo Guazú Talavera, de jurisdicción argentina, que aparece en el pliego, y que conectan con el Canal Martin García, una fuente consultada manifestó: “Bravo, Guazú y Talavera, definidos a 33 pies, no tienen sentido cuando Martín García está a 34 pies, sobre todo considerando que Uruguay cede el 30% del peaje para el mantenimiento de esos pasajes”.
Como dato aleatorio, relacionado a la situación actual, en los últimos días se realizaron cambios en las delegaciones argentinas ante los organismos binacionales CARP y CARU, que fueron anunciados esta semana por la Cancillería. Si bien la comunicación fue formal, varias fuentes señalaron que los nuevos integrantes responden a la ANPYN, lo que refuerza su rol estratégico en la definición de la política hídrica y portuaria del país.
Tanto en el Canal Martín García, cuyo contrato de dragado vence en enero de 2026, como en el río Uruguay, que caduca en diciembre de 2025, se avecinan nuevas licitaciones que requerirán coordinación binacional. En este contexto, voces de ambos márgenes del Río de la Plata coinciden en que “si la UNCTAD habla de desarrollo, debe garantizar que ese desarrollo sea regional, respetando los acuerdos e incluyendo a todos los actores”.
