El gobierno de Brasil dio un nuevo paso en el proceso de concesión de la futura superterminal de contenedores Tecon Santos 10, en el Puerto de Santos, al autorizar cambios clave en las reglas de la subasta y elevar el valor mínimo de la concesión de R$ 500 millones a R$ 1.044 millones.
Las nuevas directrices fueron establecidas en una nota técnica de 13 páginas elaborada por el Programa de Asociaciones de Inversión (PPI), dependiente de la Casa Civil, y remitidas al Ministerio de Puertos y Aeropuertos para su implementación a través de la Agencia Nacional de Transporte Acuático (Antaq), organismo encargado de conducir el proceso licitatorio.
Entre las principales modificaciones destaca la autorización para que compañías navieras y operadores ya presentes en el Puerto de Santos participen en la subasta, siempre que vendan sus participaciones actuales antes de la firma del nuevo contrato.
La medida abre la puerta a grupos internacionales como la suiza MSC, la danesa Maersk y la china Cosco, que habían manifestado interés y defendido mayor transparencia en el proceso. También la empresa China Merchants Ports (CMP), propietaria de TCP en Paranaguá, había expresado preocupaciones sobre el modelo original de licitación.
El proyecto Tecon Santos 10 contempla inversiones superiores a los R$ 6.000 millones y busca ampliar en un 50% la capacidad de manejo de contenedores del Puerto de Santos, el mayor de América Latina y actualmente próximo a su límite operativo.
La discusión sobre el modelo de concesión provocó retrasos en el cronograma original. Aunque la subasta estaba prevista inicialmente para finales de 2025, ahora el gobierno estima que podría concretarse en la segunda mitad de 2026, con posibilidad de extenderse hasta 2027 debido a las disputas comerciales y regulatorias.
Uno de los puntos más sensibles del debate ha sido la participación de armadores internacionales en la operación de la terminal. El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) había advertido sobre posibles riesgos de integración vertical, es decir, que una misma empresa controle tanto las rutas marítimas internacionales como la administración de la terminal portuaria.
Sin embargo, la nueva nota técnica sostiene que no existen fundamentos de competencia ni impedimentos regulatorios suficientes para prohibir la participación de las navieras. El documento argumenta además que restringir su acceso podría generar “ineficiencias productivas, asignativas y sociales”.
El gobierno brasileño también dejó en claro que no pretende favorecer a nuevos actores en detrimento de operadores ya instalados en el mercado. Según el texto oficial, el objetivo es garantizar la mayor competencia posible en la subasta para seleccionar al operador más eficiente y contribuir a la reducción de los costos logísticos del país.
Empresas como la filipina ICTSI y la brasileña JBS, interesadas igualmente en el proyecto, defienden un modelo más restrictivo y dividido en fases, en el que los operadores actuales solo puedan competir si no existen ofertas válidas en una primera ronda.
La nueva orientación oficial establece que los actuales operadores podrán participar libremente en la licitación, siempre que registren formalmente la venta irrevocable de sus activos en otras terminales del puerto antes de asumir el nuevo contrato.
Fuente: CNN
