El experto en asuntos del Río de la Plata y río Uruguay, Yamandú Flangini, quien fuera delegado de las distintas comisiones binacionales dedicadas a estos temas, aseguró que dichos organismos hoy “no tienen nada que ver con lo que establecen los tratados” que las crearon.
En diálogo con ComexLatam, Flangini se refirió a las atribuciones y al manejo, tanto de la comisiones administradoras del Río de la Plata y del río Uruguay (CARP y CARU, respectivamente) y también a la Comisión Técnica Mixta de Salta Grande.
El nuevo gobierno argentino decidió que los delegados de las comisiones que ya tuvieran un cargo público no percibieran remuneración por su participación en las mismas. ¿Para usted deben cobrar por participar de estas delegaciones?
Los delegados no deben cobrar nunca. El Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo formó una comisión para desarrollar un ambiente de relación directa en los temas de los cursos de agua en los que tienen actividad los dos países. Fue una forma de suavizar o armonizar inconvenientes que se habían tenido en su momento. Tanto la CARP, como la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) fueron técnicas y formadas, únicamente, por los funcionarios de los ministerios involucrados en la actividad de los ríos. O sea que estaban formadas por gente que entendía del tema pero no tenían una actividad permanente. Lo interesante es que cada delegación defendía o atendía los problemas con el punto de vista de su país y sus intereses; y no de forma común. No tenían asesores comunes y no deberían tenerlos porque estas cosas hacen que las comisiones se conviertan en órganos independientes de los Estados.
¿Hoy son independientes de los Estados?
Hoy las comisiones no tienen nada que ver con lo que se pensó originalmente. Y esto empezó a ocurrir en 1985 y se acentuó en la década de 1990. Hasta 1985 los delegados eran empleados de los ministerios y no recibían más dinero que su sueldo en el Ministerio correspondiente, excepto los viáticos como, por ejemplo, cuando debían trasladarse fuera del lugar donde vivían. Los que cobran desde siempre son los secretarios, administrativo y técnico, porque son funcionarios internacionales y dependen directamente de las dos delegaciones de la comisión. Los demás, como los asesores, son inherentes a cada una de las delegaciones. A principio en 1985 la entrada de funcionarios fue moderada, incluso en los delegados se nombraba algún político y se seguía trabajando con los técnicos. En 2005 se desbando, pues empezaron los nombramientos y entró mucha gente con remuneraciones generosas: salarios de US$ 8.500, los presidentes de cada delegación US$ 10 mil. Y la pregunta surgió rápidamente: ¿De dónde sacaban la plata? Porque las comisiones, hasta ese entonces, funcionaban con una partida que tenía cada delegación de parte de sus respectivos gobiernos. Eran partidas de US$ 200 mil más o menos.
¿Y qué pasó?
Inventaron que las comisiones eran internacionales y, a partir de ese momento, administraron las entradas de dinero que había por peajes. La CARP se quedaba con los peajes de Martin Garcia, por ejemplo. Obviamente esto se lo quedaban las delegaciones respectivas; es decir, a medias entre argentinos y uruguayos. Empezaron a depender de ellos mismos y ya no de sus Estados. Se fijaron sus salarios y también se empezaron a llamar asesores. ¿Por qué lo hacían? Porque los que estaban no sabían un pito de estos temas y, obviamente, los dejaban en forma permanente, no como se hacía antiguamente, que era por un tiempo prudencial que, como máximo, era un mes. Ahora no. Incluso crearon una especie de servicio de hidrografía ¿Qué sabe esta gente de esto? ¿Por qué se duplica un servicio que existe en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en la Armada Nacional? ¡Hasta una huerta hicieron en una delegación!
¿Cuál es su visión de cómo tienen que funcionar las comisiones binacionales?
Los funcionarios deben trabajar para su país, de manera patriótica. Son funcionarios públicos y no deben ser contratados por una comisión que no existe en los tratados, porque la deformaron tanto que nada tiene que ver con lo acordado. Y estamos hablando de CARP y CARU, pero lo mismo pasa en Salto Grande que, de acuerdo con el estatuto del Río Uruguay, debía haber pasado a la CARU, porque la parte diplomática de estos encuentros debía arbitrarla dicha comisión, que fue destinada por Relaciones Exteriores. La parte técnica de Salto Grande debió pasar a la entidad que se encarga de la energía en el país, que es UTE. Por otra parte, en cuanto al manejo del dinero, en la CARP puedo decir que en una acta de 2013, la comisión se autonombra administradora de los peajes y demás. En la CARU no tengo idea como se hizo, pero antes todo ese dinero se vertía a renta generales. No se puede creer que una comisión creada para atender cosas que suceden en el río y pensando en la necesidad del país, tenga capital. Y repito: estas comisiones actuales, e incluyó a Salto Grande, no tienen nada que ver con lo creado en el tratado.
