Luego de dos años que el sector califica como “fatales”, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) mira al 2026 con esperanza, aunque advierte que la recuperación dependerá de que se adopten medidas urgentes. Así lo expresó Juan Riba Zuchelli, presidente de la gremial, al analizar un 2025 marcado por conflictos laborales, pérdidas millonarias y un escenario delicado para la actividad.
“El 2025 fue un año muy complicado. Venimos de un conflicto que duró tres meses”, recordó Riba Zuchelli, y subrayó que la paralización se dio pese a la existencia de un convenio colectivo vigente hasta abril de 2027. Desde la visión de CIPU, la medida fue “ridícula” y violatoria tanto de la cláusula de paz establecida en el acuerdo como de normas legales.
El conflicto se originó por el reclamo del gremio de incorporar un tripulante más para realizar las guardias. Riba Zuchelli explicó que los barcos costeros operan con un solo patrón y que, cuando este descansa, los marineros realizan guardias de corta duración. “Las guardias son de una hora y media o dos por marinero, durante unas seis horas. Es una tarea prevista en los convenios, en el Código de Comercio y en los reglamentos de la marina mercante”, afirmó. Sin embargo, indicó que los trabajadores se negaron a continuar realizándolas.
Según explicó, los barcos pescan en pareja: mientras uno recoge la red y realiza la actividad, el otro descansa, alternándose. “Nuestros argumentos fueron claros: había un convenio vigente y la tarea estaba reglamentada por ley. Aun así, el conflicto se mantuvo”, señaló.
Ante esta situación, las empresas convocaron a trabajadores afiliados y no afiliados, con o sin experiencia, a inscribirse en la plataforma Uruguaypesca.com. “Eso demostró que había una gran cantidad de gente que quería trabajar y no se la dejaba”, sostuvo el presidente de CIPU. Finalmente, la actividad se retomó sin modificar las condiciones de trabajo.
El impacto económico fue severo. Los tres meses de paralización, en plena zafra, significaron para el país una pérdida estimada en 50 millones de dólares en exportaciones. “Para las empresas fue fatal no trabajar los meses importantes de actividad. Cuando perdés la zafra, perdés el año”, resumió.
Actualmente, el sector está integrado por 12 armadores y seis plantas pesqueras, de las cuales cinco forman parte de CIPU. Si bien resulta difícil cuantificar las pérdidas totales, Riba Zuchelli aseguró que fueron de “varios millones de dólares”. A pesar de la inactividad, las empresas debieron seguir afrontando costos fijos como seguros, permisos, energía y mantenimiento, mientras que parte del personal de planta fue enviado al seguro de paro.
“Acá perdieron las empresas, pero perdieron muchísimo los trabajadores, perdió el Estado por impuestos y perdió el país”, afirmó. Además, advirtió que lo que no se pesca en una temporada no se recupera: “Por la dinámica de migración de los peces, lo que no se captura en ese momento se pierde definitivamente”.
El dirigente señaló que algunas empresas se encuentran en situación crítica, en un contexto de varios años difíciles y conflictos recurrentes. “Llevamos dos años seguidos perdiendo la zafra, y eso es letal para cualquier empresa. La pesca está en un estado delicado”, sostuvo.
De cara al 2026, Riba Zuchelli consideró que la actividad es viable si se mantienen las condiciones de los mercados, se logra pescar todo el año y se implementan medidas reclamadas desde hace tiempo. El sector emplea en forma directa a unas 3.000 personas entre barcos, plantas y otros puestos. “Si no se toman esas medidas, va a ser difícil que algunas empresas resistan y se corre el riesgo de perder muchas fuentes de trabajo”, advirtió.
Entre las medidas prioritarias, mencionó una rebaja en el costo de la energía de UTE, que estaría en proceso de ejecución; una reducción del 50% de las primas del Banco de Seguros del Estado, que calificó como “irracionales”; y una nueva rebaja de los permisos de pesca, que actualmente cuentan con un descuento del 20%, pero que el sector solicita volver al 50%.
Otro punto central es la revisión del régimen de jubilación bonificada. “Las empresas pagan millones de dólares, pero estimamos que solo el 15% de esos aportes llega efectivamente a los trabajadores. El resto va a rentas generales”, señaló, y reclamó un análisis para determinar en qué casos corresponde mantener ese beneficio.
A estas medidas económicas se suman planteos de fondo, como la creación de un instituto de pesca de carácter público-privado, similar al INAC, y la puesta en funcionamiento real del Fondo de Desarrollo e Investigación Pesquera previsto en la ley desde hace 30 años. Según CIPU, los recursos que recauda la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) por permisos, multas y certificaciones —estimados en unos 2 millones de dólares anuales— deberían destinarse a ese fondo y no a rentas generales.
“El Estado uruguayo ha hecho todo lo posible para que la pesca llegara a la situación en la que está hoy”, afirmó Riba Zuchelli, aclarando que se refiere al Estado en su conjunto y no a un gobierno en particular. No obstante, destacó que la actual administración manifestó la voluntad de revertir este escenario.
“Hoy exportamos unos 100 millones de dólares al año y en otros momentos llegamos a exportar 250 o 270 millones. Volver a eso es relativamente fácil”, sostuvo. En ese sentido, valoró el rol de la ministra de Industria, Fernanda Cardona, con quien —según dijo— mantienen una comunicación permanente. “Vemos voluntad de avanzar y desarrollar la actividad. Ahora habrá que ver si esa vocación se transforma en hechos”, concluyó.
