De acuerdo con El Economista de México, la Canacar pidió de forma urgente a las autoridades federales y del estado de Colima que se instale una mesa de crisis para restablecer el flujo logístico del puerto. Su presidente, Miguel Ángel Martínez Millán, subrayó que el país no puede permitir que uno de sus principales recintos portuarios funcione bajo condiciones de colapso.
Martínez Millán explicó que Manzanillo, el nodo logístico más relevante del Pacífico para el transporte terrestre, atraviesa una situación alarmante. Aseguró que los operadores de carga se encuentran varados en condiciones indignas, sin acceso a servicios básicos, mientras las pérdidas económicas continúan aumentando y afectan a las cadenas de suministro en todo México.
El dirigente advirtió que muchas empresas del sector están al borde del colapso financiero: “Ya caímos en incumplimientos con arrendadoras, aseguradoras, proveedores e incluso en los pagos a nuestro personal”, afirmó. Insistió en que el desarrollo del país requiere una infraestructura eficiente y condiciones laborales dignas para los transportistas.
El conflicto comenzó el 12 de mayo a las 06:30 horas, cuando inició una manifestación en los accesos del puerto, presuntamente en respuesta al despido de cinco agentes aduaneros tras denuncias de acoso laboral. Aunque la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) informó que se había restablecido parcialmente el flujo de entrada y salida de mercancías ese mismo día, nuevas protestas el 14 y 15 de mayo volvieron a bloquear completamente los accesos.
En medio de la crisis, la Secretaría de Marina anunció el relevo del titular de ASIPONA Manzanillo. El 17 de mayo se implementaron acciones para movilizar mercancía detenida, aunque sólo se permitió el retiro de unidades que ya estaban en ruta fiscal. El 21 de mayo, la Marina informó que las operaciones se habían restablecido por completo.
No obstante, para el 29 de mayo, la Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Exportación (Index) Occidente estimó pérdidas por 150 millones de dólares. La normalización total de las actividades podría extenderse hasta cinco semanas, en un recinto que concentra el 41% del comercio marítimo que llega al país.
