Un conjunto de organizaciones ambientalistas presentó una denuncia penal contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) por la convocatoria de una audiencia pública sobre el proyecto de profundización de la Vía Navegable Troncal (VNT), prevista para el 3 de noviembre de 2025. Los denunciantes afirman que el plan avanza con el dragado del río Paraná sin una evaluación ambiental previa y completa.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y otras entidades aseguran que el Gobierno argentino pretende incrementar la profundidad de navegación de 36 a 40 pies —y eventualmente más— sin haber realizado una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) conforme a la Ley General del Ambiente (N.º 25.675) ni cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de Escazú.
El expediente oficial (EX-2025-107308063-APN-ANPYN#
Según los colectivos, la profundización de la Vía Navegable Troncal provocaría una alteración irreversible en el sistema del Paraná y sus humedales, beneficiando el tráfico de buques exportadores de gran calado, pero a costa de erosión, pérdida de biodiversidad y desequilibrio hidrológico.
La convocatoria a audiencia pública también es objeto de cuestionamientos. Las organizaciones denuncian que la información disponible está fragmentada, los plazos son reducidos y no se han cumplido las normas del Decreto 1172/2003 que regula este tipo de procesos.
Desde el organismo portuario, en cambio, argumentan que el proyecto busca reforzar la competitividad del corredor fluvial y que la audiencia garantiza transparencia y participación. Para los denunciantes, en cambio, se trata de un trámite formal sin espacio para el debate genuino.
La denuncia fue presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) el 22 de octubre de 2025, señalando posibles irregularidades administrativas y presuntos actos de corrupción en torno a la gestión de la vía navegable.
El conflicto trasciende el ámbito ambiental. La Vía Navegable Troncal es un corredor clave para las exportaciones de granos y productos agroindustriales del país, y cualquier retraso o disputa regulatoria podría tener impacto en la logística y competitividad comercial.
Fuente: Ser Industria
