El conflicto con el astillero español Cardama abrió una ventana de oportunidad para la industria naval uruguaya. Según informó el medio M24, el sindicato metalúrgico y el Gobierno acordaron evaluar la viabilidad técnica y económica de fabricar componentes navales en el país, en caso de que se concrete la rescisión del contrato con el astillero gallego.
El acuerdo surgió tras una reunión entre representantes de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (UNTMRA), la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) y la ministra de Defensa, Sandra Lazo. Durante ese encuentro, los actores manifestaron su interés en estudiar la posible fabricación local de partes de las patrulleras destinadas a la Armada Nacional.
La iniciativa fue confirmada públicamente por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, quien anunció que el tema será analizado en conjunto con el Ministerio de Defensa, el Instituto Cuesta Duarte y los sindicatos del sector.
La noticia generó reacciones dentro de los actores vinculados a la industria marítima y naval, especialmente por el impacto que esta decisión podría tener en el desarrollo productivo nacional. Una de las voces que se manifestó al respecto fue la de Pablo De Marco, licenciado en Sistemas Navales, Marino Militar y docente de la Escuela Técnica Marítima, quien compartió su análisis crítico.
«La burocracia del Estado parece abrirle posibilidades a la industria naval para que se desarrolle en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional, pese a ser una rama tan propia al de Industria, Minería y Energía, por su naturaleza productiva, tecnológica y de inserción en las cadenas de valor nacionales», señaló De Marco.
«Resulta particularmente llamativo que este enfoque surja en momentos en que la ministra Cardona ha señalado que se trabaja en una ‘política industrial hacia 2050’. En ese contexto, potenciar la construcción naval bajo la órbita de Defensa parece una decisión poco alineada con los objetivos de planificación estratégica que dicha política pretende alcanzar», agregó.
De Marco también advirtió sobre la dispersión de funciones que podría afectar el rendimiento de la Armada, al asignarle responsabilidades industriales adicionales a sus tareas primarias de vigilancia, control y seguridad marítima.
Otro de los puntos destacados por el especialista es el estado de la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional, elaborada por la Armada en 2022 y actualmente archivada. Dicho documento proponía una hoja de ruta para enfrentar amenazas como la pesca ilegal y el narcotráfico, sin contemplar la construcción naval.
«La postergación de esa estrategia, sumada a la actual dispersión de enfoques institucionales, revela la ausencia de una visión integral sobre el mar», sostuvo De Marco.
El analista concluye que Uruguay debe apuntar a una política marítima moderna y coordinada, donde la industria naval se desarrolle como herramienta de impulso económico en el marco del ministerio correspondiente, el MIEM, en lugar de abrir frentes de industria en Defensa.
El debate sobre el futuro de la industria naval en Uruguay recién comienza, y su resolución podría redefinir tanto la política industrial como la capacidad soberana del país sobre su espacio marítimo.
