La sentencia, dictada por el Juzgado Civil de 20.º Turno, hizo lugar a la demanda presentada por De Baeremaecker y Perera Corredores de Bolsa, en representación de 24 tenedores de títulos de deuda de Lobraus.
El litigio tiene su origen en un programa de emisión privada aprobado por la empresa en noviembre de 2019, por un máximo de US$ 10 millones, distribuido en dos series. Sin embargo, el financiamiento efectivamente obtenido alcanzó los US$ 5.053.014, recursos que estaban destinados a desarrollar un centro logístico en el puerto de Montevideo.
El proyecto formaba parte de una concesión adjudicada a Lobraus, que contemplaba la construcción y explotación de un depósito portuario, además de una torre de 21 pisos que finalmente no llegó a concretarse.
Las condiciones de la emisión establecían un plazo de devolución de cinco años, con amortizaciones semestrales de US$ 842.169 a partir de junio de 2022. También se habían fijado intereses compensatorios del 9% anual y una tasa moratoria del 11% sobre los vencimientos impagos.
No obstante, la compañía dejó de cumplir con el cronograma de pagos y acumuló cuotas vencidas.
Durante el proceso judicial, Lobraus argumentó que determinadas decisiones gubernamentales habían afectado la viabilidad económica de la concesión. Entre ellas mencionó la extensión del contrato de Terminal Cuenca del Plata (TCP) a favor de Katoen Natie, acordada en 2021, y resoluciones de la ANP relacionadas con los servicios de frío en el depósito portuario. Argumentos que fueron desestimados por el juez Germán Olivera
La resolución también tomó en consideración los ingresos declarados por la compañía al momento de emitir las obligaciones. Una pericia contable determinó que estos alcanzaron US$ 6,41 millones en 2019, US$ 6,83 millones en 2020, US$ 6,57 millones en 2021 y US$ 5,86 millones en 2022.
Según el análisis judicial, aunque se registró una disminución moderada en el último ejercicio, los ingresos se mantuvieron relativamente próximos a los niveles previstos inicialmente. Por ello, concluyó que las dificultades alegadas respondían principalmente a cambios en la estructura de costos y a riesgos propios de la actividad empresarial.
Finalmente, la Justicia ordenó pagar los US$ 5.053.014 correspondientes al capital adeudado, incluidos los intereses compensatorios capitalizados, más intereses moratorios del 11% nominal desde la presentación de la demanda hasta la cancelación. El monto deberá ajustarse por un pago parcial correspondiente a un cupón de intereses abonado en marzo de 2024.
La rescisión de la concesión portuaria
La condena judicial se produce en un contexto de crecientes dificultades de Lobraus para cumplir sus compromisos con la autoridad portuaria uruguaya.
Durante 2025, la ANP analizó la situación financiera de la empresa y detectó obligaciones pendientes por concepto de canon de concesión y facturas impagas. La deuda acumulada con el organismo superaba los US$ 500.000, entre compromisos denominados en dólares y obligaciones en pesos uruguayos.
La administración portuaria había planteado un mecanismo de regularización mediante un plan de pagos en cuotas, pero la compañía manifestó que no podía asumir esa modalidad. En su lugar, propuso realizar entregas semanales para cubrir las nuevas obligaciones corrientes, sin resolver los atrasos acumulados.
Ante la falta de una solución, las autoridades endurecieron su posición. En septiembre de 2025, el entonces director de la ANP, Jorge Gandini, cuestionó públicamente la conducta financiera de la empresa y señaló que los incumplimientos se habían vuelto reiterados.
La situación derivó en una decisión definitiva el 14 de enero de 2026, cuando el directorio de la ANP resolvió rescindir la concesión otorgada a Lobraus en el puerto de Montevideo.
El organismo fundamentó la medida en los incumplimientos contractuales, particularmente en la acumulación de cánones impagos. Al cierre del año anterior, la empresa registraba diez meses de deuda por ese concepto, nueve de ellos consecutivos.
La resolución estableció que el incumplimiento de las obligaciones contractuales habilitaba a la administración a finalizar unilateralmente la concesión, sin que ello generara derecho a indemnización para la compañía. La decisión recibió posteriormente la validación del Tribunal de Cuentas y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay.
