La participación del entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber; del subsecretario de la cartera, Juan José Olaizola; del prosecretario de Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, y del presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, en el acuerdo del gobierno con la empresa Katoen Natie fue respaldada por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que este jueves aprobó lo actuado tras un informe solicitado por Fiscalía.
Según publicó La Diaria, que tuvo acceso al informe, la presidenta de la Jutep, Susana Signorino, y el vicepresidente, Guillermo Ortiz, indicaron que “las decisiones y el acuerdo referido del 25 de febrero de 2021, fueron decisiones de oportunidad y mérito alcanzadas por los jerarcas en el ejercicio legítimo de la potestad”.
Asimismo, dieron por satisfactorios los motivos expresados por los participantes para fundamentar sus decisiones “no existiendo actos contrarios a la buena administración que va de la mano con la eficiencia y eficacia”.
El informe fue pedido por la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos de 3° Turno para conocer si los denunciados en la causa de Katoen Natie habían incurrido en violación al Código de Ética en la Función Pública (Ley 19.823).
Por otra parte, el informe se refirió al hecho que Curbelo avaló la prórroga de la concesión de la terminal de contenedores en lugar de hacerlo todo el directorio de la ANP. En ese sentido, se manifiesta que “no ha observado ningún apartamiento al orden legal formal”.
En minoría
La Diaria informa también que “la representante del Frente Amplio en la Jutep, Ana Ferraris, presentó un informe en minoría en el que marca la opacidad de las actuaciones y
el hecho de que no existió ninguna resolución que declarara la reserva de las negociaciones”.
“Asimismo -indica el medio-, destaca que el procedimiento arbitral al que refieren los
jerarcas de gobierno para justificar la negociación nunca se inició y que
su mero anuncio provocó el inicio de ‘negociaciones amistosas’, previas a una supuesta demanda, por las que se llegó a modificar la normativa portuaria en virtud de mejorar las condiciones para la empresa”.
