La intención de Uruguay de llevar el canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros de profundidad sigue generando rispideces con Argentina en el seno de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP).
La delegación argentina continúa dilatando la autorización y la situación se torna cada vez más tensa.
En la última reunión plenaria, realizada entre el 29 y 30 de agosto pasado, el presidente de la delegación uruguaya, Alem García, dijo que para su país ya eran suficientes las explicaciones brindadas y que entendía que el plazo de 180 días ya estaba corriendo desde el pasado 3 de julio, momento en que Uruguay respondió, justamente, que era su última comunicación al respecto.
En aquel momento, Argentina exigió mayores explicaciones del proyecto y solicitó información adicional.
Uruguay respondió inicialmente y una vez que Argentina siguió con sus reclamos, la delegación charrúa entendió que era el punto final.
Según revelaron fuentes de la CARP a ComexLatam, García utilizó los mismos argumentos que los expuestos en dicha carta, pero la delegación argentina insistió en que el plazo no podía estar corriendo dado que su país no consideraba suficientes las explicaciones.
En ese sentido, el presidente de la delegación argentina, Diego Tettamanti, rebatió lo dicho por su par uruguayo.
Asimismo, Tettamanti expresó que su delegación tenía 30 días para responder si la última comunicación de Uruguay era suficiente y recordó que antes de ese plazo se le había informado que no lo era.
Más allá de las discusiones y las formalidades, lo cierto es que ambas delegaciones están en puntos que parecen imposibles de conciliar, pero lo único que comparten es que este problema tendrá una resolución ya con un nuevo gobierno argentino.
Algunos actores consultados por ComexLatam indicaron que es muy probable que la actual delegación argentina no quiera ser vista como la que entregó los 14 metros a Montevideo luego de que, en los últimos años, las autoridades vinculadas al sector habían fijado una posición en contra de Uruguay, discutiendo la competencia con Buenos Aires y en tono elevado.
Ante esto, lo que intentaría hacerse en el seno de la CARP es dilatar la discusión.
Por otra parte, si Uruguay hace valer los 180 días a partir de julio pasado, el plazo vencerá casi un mes después de la asunción del nuevo gobierno (10 de diciembre). Al respecto, Uruguay entiende que una vez superadas las elecciones del vecino país, llegará la autorización o bien no habrá objeciones cuando el plazo transcurra.
