El presidente de Paraguay, Santiago Peña, firmó el decreto Nº 4.925, que moderniza la reglamentación de la Ley 1618/2000 de Concesiones de Obras y Servicios Públicos, sustituyendo al antiguo decreto Nº 11.967/2001. La medida busca adecuar la normativa vigente a las nuevas exigencias del mercado y fortalecer la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura nacional.
Después de casi 25 años sin modificaciones, la actualización introduce mejoras en los procedimientos de licitación, evaluación y adjudicación de proyectos. Entre las principales innovaciones se encuentran la posibilidad de recibir iniciativas privadas desde la fase de prefactibilidad o factibilidad, nuevos incentivos para los proponentes —como el derecho a igualar la mejor oferta o el reembolso de costos de estudio en caso de no ser adjudicados—, y mayores exigencias en los análisis técnicos, económicos y ambientales.
El decreto también establece la obligación de presentar cartas de financiamiento que respalden la viabilidad de las propuestas, con el objetivo de garantizar proyectos sostenibles y transparentes.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) destacó que esta actualización representa un paso decisivo para impulsar la inversión privada y optimizar los mecanismos de cooperación entre el sector público y el sector empresarial. La institución calificó la medida como un avance hacia un modelo más eficiente de desarrollo de infraestructura, alineado con los estándares internacionales.
La iniciativa forma parte de un proceso más amplio de modernización del marco jurídico de las Alianzas Público-Privadas (APP), orientado a promover mayores niveles de competitividad, inversión extranjera y desarrollo económico en Paraguay.
