El Poder Ejecutivo de Uruguay decidió finalizar el contrato que tiene con la empresa Lobraus, que opera en el puerto de Montevideo, y apuntar a una nueva licitación que incluya un proyecto más adecuado a la planificación que las autoridades vienen llevando adelante en materia de ordenamiento portuario.
Luego de años de incumplimiento por parte del privado, para esta administración se trata de un tema “saldado”, tal como lo manifestó una fuente del Poder Ejecutivo consultada por ComexLatam.
“Hay que rescindir el contrato, que fue demasiadas veces incumplido por parte del concesionario, e ir por una nueva licitación, que por supuesto excluya el tema del edificio”, dijo el jerarca, en relación a una estructura para oficinas que debía ser construida de acuerdo con la licitación y que, por cierto, compone la parte más controversial del proyecto inicial.
En ese sentido, el funcionario agregó que “se ha tenido mucha paciencia” de parte del Estado y que “también es por un tema de justicia con el resto de los actores del puerto, a los que se le pide cumplir su contrato”.
En cuanto a las irregularidades, el 6 de octubre de 2022, por resolución del directorio, la Administración Nacional de Puertos (ANP) da lugar a la notificación del incumplimiento contractual con causal de rescisión. Actualmente, a casi dos años de esto, el ente portuario decidió llevar adelante la intimación para que la empresa entregue la concesión.
Larga data
Pero la paciencia a la que se refirió el jerarca no tiene que ver con los dos años transcurridos tras la resolución mencionada, sino que desde los comienzos se han suscitado irregularidades.
En 2013 Lobraus ganó la licitación pública que se llevó a cabo por su propia iniciativa privada, en la que fue el único oferente, y por tanto adjudicatario, para la construcción de dos naves de depósito y un edificio de 21 pisos destinado a oficinas para empresas que trabajen en puerto libre.
En su momento, según los actores del sector, el hecho de que no hubiese más oferentes demostró lo poco atractivo que resultaba una licitación para construir un edificio en el medio del puerto.
Los primeros problemas surgieron para presentar la garantía de US$ 10 millones, correspondiente a una obra valuada en US$ 80 millones, pero también con la presentación del proyecto ejecutivo, que la ANP estimó que era muy general y no tenía detalles exigibles en este tipo de obras de infraestructura.
En 2016 se firmó el contrato, pese a que en dos oportunidades la ANP rechazara los avales presentados, ya que los bancos emisores solo aseguraban brindar su garantía una vez que la empresa presentara los bienes que la respaldara, según dijo una fuente cercana a la operación. Finalmente la ANP aceptó una garantía por la mitad del monto
En 2018, la empresa creó un fideicomiso para la obra y pidió autorización a la ANP para negociar sus acciones como concesionario.
Nuevo llamado
En el sector portuario las opiniones están divididas, aunque la mayoría de los actores asegura que debería cancelarse la concesión y hacer un nuevo llamado que descarte la idea de tener un edificio dentro del puerto.
ComexLatam consultó acerca de los riesgos que tendría la ANP de que el fideicomiso decidiera llevarla a juicio por la cancelación de la concesión y por un nuevo llamado a licitación.
En ese sentido, la respuesta fue que “de eso se encargarán los abogados”.
Para uno de los referentes del sector, Lobraus, que intentó sin éxito varias operaciones de venta en los últimos años, “incumplió todo el tiempo las condiciones que tenía por contrato, por lo que se debió haber quitado esta concesión el día que la autoridad pidió un cambio de localización”.
La referencia tiene que ver con el trazado de la vía del ferrocarril que ingresa al puerto. “Debido a la necesidad de que el tren pasara cerca del área destinada para el edificio, y por una cuestión de seguridad, la ANP solicitó cambiar la ubicación de la obra, por lo que pagó una indemnización de aproximadamente US$ 670 mil”, agregó una fuente a ComexLatam.
