Ocho cámaras representativas del sector logístico uruguayo y miembros del consejo directivo del Instituto Nacional de Logística (Inalog) manifestaron su preocupación por el artículo 151 de la Rendición de Cuentas (145 en la versión original), en el que se establece un cobro de hasta 85 unidades indexadas, que gravará cada declaración realizada mediante Documento Único Aduanero (DUA) o mensaje simplificado.
Según el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y en estudio en el Parlamento, la medida está destinada al financiamiento de la compra de equipamiento para “la prestación del servicio de inspección no intrusiva para cargas y vehículos y análisis de la información obtenida” (escáneres).
Para el sector privado está medida será un generador de sobrecostos y de pérdida de competitividad y así lo hicieron saber en una carta enviada a las comisiones de
Presupuesto y de Hacienda de la Cámara de Senadores y a la que tuvo acceso ComexLatam.
La misma fue firmada por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, la Cámara de Industrias del Uruguay, la Cámara de Logística, la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, la Cámara Mercantil de Productos del País, el Centro de Navegación, la Intergremial de Transporte Profesional de Carga y la Unión de Exportadores del Uruguay.
En dicha carta se expresa que, más allá de compartir “la necesidad de mejorar los mecanismos de control aduanero, en particular aquellos no intrusivos, que permitan la detección de ilícitos, especialmente los vinculados al tráfico de drogas, de armas o la trata de personas”, el sector privado no comparte “que la adquisición de nuevos equipos y tecnologías para ese propósito deba ser financiada exclusivamente por los sectores vinculados al comercio exterior”.
Asimismo, agrega que “si bien la seguridad fronteriza es fundamental para el desarrollo del comercio internacional, también lo es para toda la sociedad” y sostiene que no son “los actores del comercio internacional y de la actividad logística” quienes generan “ese tipo de ilícitos”.
Por otra parte, los operadores logísticos recordaron que “hace años que el comercio exterior tributa una tasa por concepto de ‘servicios de estiba’, sin prestación alguna como contrapartida”, ya que “la Administración de los Servicios de Estiba fue eliminada hace muchos años”.
En ese sentido, las cámaras entienden y proponen que “lo recaudado por este concepto bien podría destinarse al financiamiento de las inversiones que requiere la Dirección Nacional de Aduanas para poder ejercer adecuadamente sus obligaciones de contralor de las mercaderías que atraviesan las fronteras”.
Asimismo, la carta enviada al Parlamento señala que “lo recaudado por la tasa de estiba es ligeramente superior” a lo solicitado en el artículo que está siendo cuestionado.
